Por Carlos Anguiano
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Existe una tentación recurrente en la política mexicana: confundir la política social con una inversión electoral. La lógica parece sencilla: entregar pensiones, becas, créditos, subsidios o apoyos y esperar que esa ayuda se transforme en votos. Pero la sociedad es mucho más compleja. El dinero público puede aliviar una necesidad, pero no convierte automáticamente ese beneficio en lealtad electoral. La democracia tiene una característica que incomoda al poder: quien recibe un apoyo conserva su libertad para decidir cómo votar.
Por eso resulta frecuente escuchar la expresión “ingratitud social” cuando un ciudadano recibe un beneficio gubernamental y posteriormente respalda una opción política distinta. Sin embargo, desde la sociología política, ese comportamiento puede explicarse mejor como autonomía electoral y evaluación retrospectiva del gobierno. Las pensiones, becas y apoyos no salen del patrimonio particular de quienes gobiernan; provienen del presupuesto público, construido con impuestos. Convertirlos en instrumentos de gratitud supone transformar una política pública en una deuda moral que no existe.
La teoría del clientelismo político permite comprender esta tensión. El clientelismo aparece cuando los beneficios públicos se utilizan dentro de una relación de intercambio informal a cambio de respaldo político. Una investigación reciente sobre México estudia estos mecanismos durante el periodo 2018-2024, aunque advierte que no todos los programas sociales son clientelares: cuando existen reglas claras, acceso amplio y ausencia de amenazas para retirar beneficios, no necesariamente existe una obligación de comportamiento electoral. Esta distinción es crucial: una política social puede tener objetivos legítimos de bienestar.
El Instituto Nacional Electoral ha sido claro: los programas sociales, servicios y obras públicas no pertenecen a ningún partido y no pueden condicionarse a cambio del voto. Cuando el gobierno presenta como dádiva personal aquello que se financia con dinero público, se altera la relación entre ciudadano y Estado: el derecho termina presentado como favor y el favor como deuda política.
El ciudadano no vive dentro de un programa social. Vive en una colonia, utiliza calles y transporte, acude a hospitales, enfrenta trámites, busca empleo, paga impuestos y observa diariamente a policías, funcionarios y autoridades. Puede recibir una pensión y seguir preocupado por la inseguridad; obtener una beca y cuestionar la calidad educativa; recibir un apoyo y padecer corrupción o servicios deficientes. La ENCIG 2025 del INEGI muestra esa complejidad: una de cada dos personas adultas en zonas urbanas manifestó satisfacción con los servicios públicos básicos y bajo demanda, mientras ocho de cada diez consideraron frecuente la corrupción y casi dos de cada diez reportaron haberla experimentado en trámites, pagos, solicitudes de servicios o contacto con autoridades.
Aquí aparece el límite de la política basada en beneficios: el gobierno puede transferir recursos, pero no puede transferir confianza por decreto. La percepción de corrupción, inseguridad, abuso de autoridad o malos servicios públicos puede pesar en la evaluación ciudadana tanto como el beneficio recibido. Puede reconocer una política social y, simultáneamente, desaprobar otras decisiones de gobierno. Esa combinación no es contradicción ni ingratitud; es la posibilidad de evaluar al poder desde diferentes dimensiones.
De cara al proceso electoral de 2026-2027, esta separación entre beneficio social y lealtad política será relevante. No es responsable anticipar qué partido será favorecido, porque todavía existen variables políticas y sociales que pueden modificar el comportamiento electoral. Lo que sí puede sostenerse es que ningún programa social garantiza por sí mismo una conducta determinada en las urnas. Quienes supongan que una transferencia equivale a un voto estarán simplificando a una ciudadanía capaz de separar el beneficio recibido de la evaluación general del gobierno.
El verdadero desafío para México no está en construir ciudadanos agradecidos con el poder, sino ciudadanos conscientes de sus derechos. Los programas sociales deben servir para reducir desigualdades y mejorar la vida de las personas, no para fabricar lealtades políticas. El ciudadano no debe sentirse obligado a devolver con su voto aquello que recibió de un gobierno. Frente a 2027, la sociedad debe impedir que los derechos sociales se conviertan en instrumentos de dependencia política. Recibir lo que corresponde no obliga a entregar la conciencia. El voto es libre, personal y secreto; utilizarlo con información, responsabilidad y pensamiento crítico es recordar al poder que los gobiernos son temporales, pero la sociedad califica, reconoce, castiga, elige y permanece.
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