Por Carlos Anguiano
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Morena empieza a mostrar una fractura que durante años quedó cubierta por la disciplina partidista. No es todavía una ruptura formal ni la existencia de dos partidos dentro de uno, pero sí una disputa cada vez más evidente por el pasado y por el futuro. De un lado están los sectores más identificados con el obradorismo, preocupados por preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, por evitar que las investigaciones sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado terminen alcanzando a personajes relevantes del movimiento. Del otro está el grupo que acompaña a Claudia Sheinbaum, obligado a construir una identidad propia y a demostrar que su gobierno no puede quedar atrapado indefinidamente en las lealtades, decisiones y problemas heredados. La diferencia ya no parece solamente ideológica. Es una disputa por el control del poder y por la sobrevivencia política.
El contexto no podría ser más delicado. Estados Unidos ha endurecido su ofensiva contra los cárteles mexicanos y sus redes financieras, mientras aumentan las investigaciones sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales, empresarios y funcionarios. El Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios actuales y anteriores de presunta colaboración con dirigentes del Cártel de Sinaloa. Rocha ha rechazado las acusaciones. Pero el expediente ya tiene consecuencias políticas y demuestra algo que Morena no puede ignorar: una investigación estadounidense no depende de la disciplina partidista mexicana ni de los acuerdos internos de un grupo político.
A esto se suma el huachicol fiscal, cuya dimensión ha obligado al Gobierno federal a investigar redes de contrabando de combustibles que involucran a empresarios, funcionarios y operadores. El problema dejó de ser solamente el robo de hidrocarburos o la evasión fiscal. Es la posible existencia de estructuras capaces de utilizar instituciones, empresas y relaciones políticas para generar enormes ganancias. Y cuando estos expedientes coinciden con investigaciones estadounidenses, la presión se vuelve mucho mayor. Hay agencias, inteligencia financiera, procesos judiciales y testimonios que pueden avanzar con independencia de los tiempos de la política mexicana.
Aquí aparece Omar García Harfuch. Su ascenso dentro del gobierno de Sheinbaum no puede reducirse a una estrategia de comunicación. Es el principal responsable de la política federal de seguridad y ha construido una relación de cooperación cada vez más visible con las autoridades estadounidenses. La DEA ha reconocido públicamente esa colaboración. Para el sheinbaumismo, Harfuch puede representar algo más que un funcionario eficaz: la posibilidad de construir una sucesión con identidad propia, basada en seguridad, resultados y una ruptura gradual con las inercias del viejo aparato político.
Y ahí está la verdadera tensión. Una parte de Morena necesita proteger las lealtades construidas durante el obradorismo; otra entiende que, para conservar el poder, tendrá que demostrar que puede investigar incluso a los propios. Si las acusaciones provenientes de Estados Unidos aumentan, si aparecen nuevos testimonios protegidos o si surgen datos financieros y judiciales que comprometan a funcionarios o exfuncionarios, el costo político de cerrar filas puede ser mucho mayor que el de abrir las puertas a la investigación.
Por eso la batalla interna de Morena puede terminar siendo menos una confrontación entre obradoristas y sheinbaumistas que una disputa entre dos maneras de entender el poder: conservarlo protegiendo el pasado o conservarlo cambiando las reglas. La diferencia es enorme. Sheinbaum tendrá que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para demostrar que su gobierno tiene autonomía y que la transformación también significa rendición de cuentas.
Harfuch, mientras tanto, crece como una figura que conecta seguridad, cooperación internacional y sucesión presidencial. Falta mucho para 2030, pero la política mexicana nunca espera a que llegue el calendario oficial. Las candidaturas comienzan a construirse mucho antes, en los resultados, en las alianzas y también en la capacidad de sobrevivir a las crisis.
La ciudadanía debería exigir algo mucho más sencillo que las disputas de las élites: que se investigue a todos, se presenten pruebas y se castigue a quien resulte responsable. Ni impunidad para los aliados ni persecución para los adversarios. Si Morena quiere demostrar que puede transformar al país, tendrá que demostrar primero que ninguna lealtad partidista está por encima de la justicia.
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