Lic. Armando Maldonado.
Nos referimos, nada más y nada menos, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. En este órgano, la impartición de justicia para los trabajadores del sector público está tristemente supeditada al visto bueno o a la avenencia del magistrado presidente en turno. Esto ocurre al margen del actuar de los encargados de las mesas y del conocido «tortuguismo» con el que se labora en la institución. Se trata de laudos que parecen no tener fin tras años de haber sido promovidos por despidos injustificados que, a todas luces, resultan ilegales, rayan en lo absurdo y constituyen violaciones flagrantes a los derechos humanos y abusos de autoridad.
En materia de asuntos colectivos, el sectarismo con el que se opera es aún más evidente. Si no se cuenta con la venia de las federaciones oficialistas, no avanzan las actualizaciones de tomas de nota ni la integración de nuevos miembros; tampoco los trámites para un simple cambio de comité en sindicatos existentes y, mucho menos, la constitución de organizaciones de nueva creación. Existen casos concretos en los que se condiciona a los sindicatos a cambiar de federación para integrarse a la oficialista a efecto de liberar su toma de nota. Con ello se vulnera el principio básico de autonomía y libertad sindical plasmado en la Carta Magna. Queda comprobado que los directivos del Tribunal actúan a su libre arbitrio, pasando por encima de la ley y violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI no se haya logrado reformar este sistema arcaico de impartición de justicia. El gobierno no puede ni debe ser juez y parte, y mucho menos anteponer los intereses de unos cuantos en perjuicio del bienestar de la mayoría, vulnerando los derechos humanos fundamentales de la clase trabajadora.
Se requiere una representación auténtica de los trabajadores al interior del Tribunal, tanto en la titularidad de las magistraturas como en el ámbito colectivo. No es concebible que el Gobernador designe a dos de las tres representaciones y que la tercera sea una simulación que supuestamente se otorga a la federación con mayor número de afiliados. Con esta estructura se mantiene el control absoluto del Tribunal, sin considerar que la suma del resto de las federaciones supera en agremiados a la que se ostenta como mayoritaria. Asimismo, es indispensable asegurar el equilibrio en cada una de las mesas; el Gobernador tiene el deber y el compromiso de ser garante de los derechos de todos los jaliscienses, no de unos cuantos.
Conviene recordar que el primero en premiar o castigar a las administraciones y al gobierno en turno es el trabajador al servicio del Estado. ¡Ojo al tiempo!
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