Por Emilio Ulloa
La transformación de la vida pública no se mide únicamente por las grandes reformas constitucionales, los programas sociales o los resultados electorales. También se mide por la conducta cotidiana de quienes ejercen responsabilidades públicas. La congruencia entre el discurso y la acción es, quizá, la prueba más exigente para cualquier movimiento político que aspire a transformar la realidad nacional.
Por ello resulta pertinente la posición asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto de la participación de funcionarios públicos en actividades partidistas. A raíz de la presencia de Manuela Obrador Narváez, delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, en un acto de Morena celebrado en Palenque, la presidenta fue clara al señalar que las expresiones vertidas en ese evento no representaban la posición del Gobierno de México y que debía revisarse si existía alguna responsabilidad administrativa derivada de la actuación de la funcionaria.
La discusión de fondo trasciende a la persona involucrada. No se trata de un debate sobre parentescos, filiaciones políticas o simpatías ideológicas. Se trata de una cuestión esencial para la salud democrática: la separación entre las responsabilidades del Estado y las actividades de los partidos políticos.
Durante décadas, México padeció la confusión entre gobierno y partido. El viejo régimen priista construyó buena parte de su hegemonía precisamente sobre esa mezcla perniciosa. Los recursos públicos, las estructuras gubernamentales y los programas sociales eran utilizados con frecuencia para fortalecer intereses partidistas. La transición democrática y, posteriormente, la Cuarta Transformación, prometieron desterrar esas prácticas.
La Cuarta Transformación surgió precisamente como una crítica profunda a los privilegios, al patrimonialismo y a la utilización facciosa del poder público. Por ello resulta indispensable recordar que los principios de “no robar, no mentir y no traicionar” también implican no utilizar el cargo público para favorecer intereses partidistas.
Nadie discute el derecho constitucional de los servidores públicos a tener convicciones políticas. Sería absurdo exigir neutralidad ideológica a quienes participan activamente en la vida democrática del país. Sin embargo, una cosa es tener militancia y otra muy distinta ejercer simultáneamente funciones gubernamentales y actividades partidistas desde una posición de poder institucional.
La presidenta Sheinbaum ha sido enfática al señalar que un funcionario no puede actuar al mismo tiempo como representante gubernamental y como operador partidista. Esa delimitación no es un capricho burocrático; constituye una garantía de imparcialidad para millones de ciudadanos que reciben servicios y programas del Estado.
La fortaleza de Morena no puede depender de funcionarios que confundan sus responsabilidades. Si el movimiento pretende consolidarse como una fuerza histórica, debe hacerlo mediante la organización ciudadana, la persuasión política y el respaldo popular, nunca mediante la utilización directa o indirecta de estructuras gubernamentales.
La credibilidad de un proyecto político se construye precisamente cuando es capaz de aplicarse a sí mismo las mismas exigencias éticas que reclama a sus adversarios. Resultaría contradictorio denunciar los abusos del pasado y, simultáneamente, tolerar conductas que puedan interpretarse como una confusión entre partido y gobierno.
En ese sentido, la postura de la presidenta merece ser respaldada. Lejos de encubrir o minimizar el episodio, estableció un criterio claro para todos los integrantes de la administración pública federal: el servicio al Estado exige responsabilidad institucional, prudencia y apego a la legalidad. Porque el poder público pertenece al pueblo, no a los partidos. Y quienes tienen el honor de ejercerlo están obligados a recordarlo todos los días.
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