Por Jorge Eduardo García Pulido.
El devenir político de Tonalá no puede entenderse sin la sombra que proyectan las decisiones financieras del pasado. Al revisar la trayectoria municipal de las últimas dos décadas, es imposible no detenerse en el periodo 2012-2015, bajo la administración de Jorge Arana Arana. Aquella gestión marcó un precedente con el endeudamiento contraído para la supuesta modernización de luminarias; un proyecto que nunca concluyó, fue un fracaso absoluto y dejó una deuda grabada por conceptos de intereses que Tonalá pagó injustamente. Fue un quebranto patrimonial perpetrado por el desparpajo de una secta familiar que, lejos de velar por el interés público, utilizó el erario como un activo de control, limitando el crecimiento del municipio durante años e imposibilitando cualquier apertura a esquemas de inversión institucional.
Para comprender el tamaño del obstáculo, basta observar el intento de 2019, durante la gestión de Juan Antonio González Mora. En aquel entonces, los empresarios jaliscienses David Santoyo y Alejandro Velasco, en conjunto con Robert Frederick Duncan Jr., *chairman* de Goldman Sachs, buscaron al entonces regidor Ernesto Ángel Macías para detonar el desarrollo de Tonalá. Macías, quien mantenía una interlocución relevante con el entonces Secretario General de Gobierno, el maestro Enrique Ibarra Pedroza, presentó una cartera de proyectos de inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP). La gestión alcanzó el Congreso del Estado de Jalisco, donde Salvador Caro Cabrera, con la apertura institucional que le caracteriza, analizó el planteamiento. Caro fue claro: la ley dictaba que este tipo de contratos correspondían exclusivamente al Congreso y no al cabildo, pero subrayó una verdad irrefutable: la calificación crediticia del municipio, lastrada por la herencia de Arana, no permitía llevar a cabo el endeudamiento. Personajes como Ernesto Ángel Macías son los que Tonalá necesita: gestores de gran envergadura que busquen el bien colectivo a través de proyectos de inversión con rentabilidad financiera y visión de desarrollo.
En la actualidad, el municipio enfrenta una realidad distinta. La administración de Sergio Chávez Dávalos ha priorizado la búsqueda de inversión para proyectos que el presupuesto municipal, por sí solo, difícilmente podría cubrir. El debate sobre las APP debe analizarse bajo la óptica de la necesidad urgente frente a un Gobierno del Estado que, en múltiples ocasiones, ha imposibilitado el desarrollo equitativo de Tonalá. ¿Acaso no es el municipio un ente que merece el mismo dinamismo que otros polos metropolitanos? La sinergia entre lo público y lo privado es el único camino para la modernización cuando se enfrenta la desatención estatal.
Resulta un logro tangible que Tonalá haya logrado transitar de un estado de asfixia financiera a uno de solvencia. La estabilidad presupuestal que hoy presume el municipio no es producto del azar, sino de un proceso que ha permitido recuperar la confianza para dialogar con el mercado. Cuando un gobierno busca activamente esquemas de inversión, está tratando de acortar brechas de infraestructura que han detenido el desarrollo social por años. Ante este escenario, la búsqueda de capital responde a una necesidad pragmática, alejándose drásticamente de las prácticas patrimonialistas que caracterizaron a la era de Arana.
Desde una perspectiva profesional, el reto es mantener el equilibrio entre la audacia para atraer inversión y la pulcritud en los procesos. La denuncia penal presentada por el presidente ante la Fiscalía General de la República por el manejo de información en sitios web debe entenderse como un llamado a la claridad y a la defensa del esfuerzo administrativo actual. Si Tonalá hoy posee las credenciales financieras que hace años le fueron negadas, el paso siguiente es consolidar estos proyectos con la mayor transparencia, demostrando que la solvencia recuperada es la herramienta para construir el futuro que los tonaltecas han esperado.
Tonalá ya no es el ente vetado de 2019. Es un municipio que, bajo esta nueva capacidad financiera, se encuentra ante la oportunidad histórica de dejar atrás el inmovilismo. La gestión de inversión, independientemente de las controversias coyunturales, es el único camino para que la ciudad reciba la infraestructura que merece, rompiendo con la herencia de quienes vieron en el erario un negocio privado y superando los obstáculos que, desde la esfera estatal, han intentado frenar su crecimiento.
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