Jorge Eduardo García Pulido.
En la magistral obra de Lope de Vega, *Fuenteovejuna*, el Comendador Fernán Gómez de Guzmán encuentra un fin trágico y absoluto: el pueblo, harto de sus abusos, su lascivia y su tiranía, se levanta en una sola voz. Cuando las autoridades preguntan quién mató al Comendador, la respuesta no es un nombre, sino un grito colectivo: “¡Fuenteovejuna, señor!”. El tirano termina sus días ajusticiado por aquellos a quienes despreció y esclavizó, recordándonos que ningún poder, por más alto que se crea, es inmune al peso de la justicia popular cuando se sobrepasan los límites de la dignidad humana.
Salvador Cosío Gaona parece haber olvidado esta lección fundamental. Al frente del Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT), su gestión ha operado bajo una estructura de cacicazgo que se manifiesta en la coacción laboral, el uso faccioso de los recursos públicos y un nepotismo que ha convertido a la institución en un feudo privado. La reciente imposición de jornadas de trabajo sin pago extraordinario y la negación del IMSS al personal de aseo no son incidentes aislados; son la confirmación de una política institucional donde la ley es letra muerta frente al capricho del titular.
La paradoja es evidente: mientras el Comendador de Lope de Vega terminó sus días frente a la ira de su pueblo, el fin de la era Cosío Gaona en el IDEFT se perfila no solo como una caída política, sino como una inminente rendición de cuentas ante el marco jurídico mexicano. El manejo indebido de recursos, la transgresión a los derechos fundamentales de los trabajadores y el ejercicio abusivo de funciones públicas no son actos que prescriban en la impunidad. La Ley Federal del Trabajo, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son el espejo en el que esta administración terminará viéndose.
Cuando el sistema de contrapesos y la fiscalización superior analicen los desvíos, la falta de transparencia y las violaciones a los derechos laborales, el “fin del Comendador” no será un ajusticiamiento popular, sino el peso de la ley. La historia ha demostrado que los latifundios institucionales son insostenibles en un Estado de derecho. El IDEFT no es propiedad privada y, al igual que en la obra de Lope, la verdad terminará imponiéndose. El fin del caciquismo en esta institución no llegará por decreto de su titular, sino por la inevitable aplicación de la justicia que, aunque a veces parece lenta, siempre termina por alcanzar a quienes creen que están por encima de ella.
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