Por Jorge Eduardo García Pulido.
El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) atraviesa una de sus etapas más críticas, marcada por una profunda crisis de gobernanza y una gestión que, a decir de diversos testimonios internos, parece haber subordinado su vocación de servicio público a los intereses de una facción política. Lo que debería ser un pilar para la capacitación técnica en nuestro estado, ha sido transformado en una estructura que opera bajo una lógica de exclusión y patrimonialismo, bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona.
Las denuncias que emanan desde el interior de la institución revelan un esquema de gestión que preocupa por sus alcances administrativos. Se ha documentado la creación de una figura de «coordinadores» —nombramientos otorgados a perfiles afines a la agrupación «Confío en México»—, la cual, según las quejas, carece del respaldo de la Junta Directiva. Los trabajadores señalan que el financiamiento de estas plazas se estaría realizando a costa del presupuesto destinado a la operación de los planteles y los salarios de los instructores, lo que, de confirmarse, constituiría una distorsión grave en el uso de los recursos públicos al priorizar la estructura política sobre la académica.
A esta opacidad se suma una dinámica de exclusión sistemática. Directores de plantel y personal que no comulgan con la corriente política de la dirección general enfrentan una desatención deliberada. La carencia de insumos básicos —desde artículos de limpieza hasta papelería— no parece ser una falta de presupuesto, sino un mecanismo de presión para purgar a quienes no se alinean a la estructura facciosa. Es una gestión que ha convertido el instituto en un entorno donde la lealtad partidista se impone sobre la eficiencia técnica.
Más grave aún es la tolerancia frente a conductas que vulneran la dignidad humana. Los testimonios sobre el acoso laboral, la violencia verbal y el trato misógino atribuidos a funcionarios como José María Ceballos Cruz no son hechos aislados. Estas prácticas de hostigamiento, descritas por las propias trabajadoras, han instaurado un clima de miedo que fractura el tejido laboral. La falta de medidas correctivas por parte de la Dirección General sugiere una permisividad que, en el servicio público, es inaceptable y constituye una violación flagrante a los protocolos de respeto y equidad.
El IDEFT requiere una intervención inmediata de las autoridades competentes para auditar el manejo financiero y determinar las responsabilidades administrativas y laborales que procedan. La institución no puede seguir operando como una extensión de intereses privados, ni como un espacio donde la intimidación sustituye al diálogo.
La exigencia es clara: transparencia en la nómina, cese a la violencia laboral y la restitución del carácter público de una institución que le pertenece a los jaliscienses, no a un grupo político. La responsabilidad legal y ética sobre estos hechos recae en quienes hoy ostentan el mando; Jalisco merece un instituto que forme, no que someta.
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