Por Jorge Eduardo García
El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco atraviesa una de las crisis institucionales más graves de su historia bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona. Lejos de consolidarse como un pilar para la capacitación laboral, el organismo se ha convertido en un centro de operaciones políticas y familiares marcado por el desastre financiero. En el centro de la controversia destaca un pliego de observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación por un monto que asciende a los 103 millones de pesos, una cifra que expone el nulo control administrativo de la actual gestión.
A este boquete financiero se suman irregularidades operativas que afectan directamente la viabilidad del instituto. Los reportes internos y las recientes protestas del Sindicato Único de Trabajadores han sacado a la luz la falta de pago de impuestos, lo que genera altos recargos al erario, así como el retraso de quincenas para los verdaderos maestros. En contraste, la nómina ha sido utilizada para cobijar a supuestos capacitadores vinculados a la agrupación política Confío en México, quienes perciben sueldos puntuales sin que exista evidencia de los cursos impartidos, sangrando el presupuesto estatal.
El desvío de los propósitos del instituto adquiere tintes de nepotismo desbordado cuando se analiza la cúpula administrativa. El caso más alarmante es el de Arturo Carlos Robles Grey, cuñado del director general por su matrimonio con Idolina Cosío Gaona. Robles Grey, quien ostenta un perfil con historial como administrador del SAT en diversas plazas, delegado de la CONDUSEF y administrador del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, fue impuesto estratégicamente como Director de Planeación y Control Presupuestal. Para consumar este movimiento, la dirección desplazó a Ernesto Ángel Macías. Entregar el control absoluto de los dineros a un familiar directo, en medio de un escándalo por 103 millones de pesos, constituye una maniobra que desafía cualquier principio de transparencia.
La estructura de protección familiar se blinda aún más con la figura de Alberto Gómez Ramírez, quien ingresó a esta red de privilegios por su matrimonio con una prima hermana del titular. En un inicio, Gómez Ramírez fue colocado como Jefe de Planeación para operar en mancuerna y proteger dicha área; actualmente se encuentra adscrito directamente en la Dirección General, despachando bajo el amparo y la protección absoluta de Cosío Gaona.
Estas contrataciones revelan la instrumentalización del aparato estatal para fines de lucro privado. El IDEFT enfrenta hoy una bomba de tiempo legal y laboral. La incapacidad para justificar el gasto millonario ante la Auditoría Superior de la Federación, sumada al tráfico de influencias, exige una intervención inmediata por parte de la Contraloría del Estado y la Subsecretaría de Educación para deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes y recuperar la vocación de un instituto que hoy opera como el negocio de una familia.
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