Por Jorge Eduardo García Pulido
Resulta una contradicción dolorosa y reveladora: nacer, crecer y formarse en el corazón del oriente, en barrios con la identidad de Talpita, para después, desde la comodidad del poder, actuar como si esa zona de la ciudad y su gente fueran una mancha que debe ser castigada o ignorada. ¿Cómo puede alguien pretender gobernar Guadalajara cuando, en el fondo, parece avergonzarse de sus raíces? Esa es la paradoja de quienes hoy dirigen los hilos de una ciudad que se percibe inhumana, clasista y diseñada solo para unos cuantos.
Esta administración, que se jacta de un presupuesto histórico superior a los 13,016 millones de pesos para este 2026, ha decidido utilizar esa opulencia no para equilibrar la balanza social, sino para endurecer la carga financiera sobre los más vulnerables. Mientras presumen finanzas robustas, en las calles de Talpita se permite y fomenta el «cobro de piso» por parte de los choferes de las unidades recolectoras.
Con una flota de 400 camiones, el personal operativo exige cuotas de hasta 500 pesos semanales a pequeños locatarios. Esta práctica no solo es ilegal, sino que desvirtúa el Artículo 115 Constitucional, que mandata al municipio la prestación gratuita y eficiente del servicio de aseo público. Al forzar a los «generadores menores» a contrataciones privadas mediante la extorsión, el Ayuntamiento incurre en una omisión de sus facultades básicas.
La operatividad de este sistema es siniestra. Cuando un comerciante —un vecino de Talpita— se niega a pagar la cuota informal, el Ayuntamiento despliega a sus «escuadrones». El caso de un taquero de 65 años, multado con 30,000 pesos tras resistirse a una provocación del personal de aseo, es una violación flagrante al Artículo 22 de la Constitución, que prohíbe las multas excesivas y desproporcionadas a la capacidad económica del infractor. Imponer una sanción de tal magnitud a un negocio de barrio es un acto de confiscación encubierto.
Esta red de castigo tiene responsables que deben rendir cuentas bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Luis Arturo Carreto Cortés (Inspección y Vigilancia) y Jesús Armando Salgado Romero (Servicios Públicos) son responsables de la actuación de sus subordinados, quienes incurren en abuso de funciones y cohecho.
Asimismo, Tania Libertad Zavala Marín (Medio Ambiente) valida sanciones que asfixian al comercio local, bajo la supervisión de Isabel Viridiana de la Torre Guzmán. La cadena de mando llega hasta la Jefatura de Gabinete, encabezada por Bernardo Fernández Labastida, quien permite que la gestión se convierta en una persecución contra los que menos tienen, incurriendo en una posible responsabilidad por omisión en la vigilancia del uso de los recursos públicos.
Gobernar no es limpiar la fachada para que los «otros» se sientan cómodos; gobernar es entender que el oriente también es Guadalajara. Es indignante que la autoridad necesite arrebatarle el sustento a un adulto mayor en Talpita para simular orden, mientras se olvida del barrio que los vio nacer. Hacemos un llamado a la Contraloría Ciudadana para que investigue de oficio esta operación coordinada que utiliza la ley como arma de extorsión.
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