Por: Jorge Eduardo García Pulido
San Pedro Tlaquepaque se encuentra hoy sumergido en un escenario de omisión y opacidad que desibuja los principios fundamentales del servicio público. La administración encabezada por la presidente municipal Laura Imelda Pérez ha comenzado a distinguirse por una serie de atropellos que no solo desafían las leyes vigentes en el Estado de Jalisco, sino que vulneran directamente la integridad institucional de los integrantes del cuerpo edilicio. Lo que debería ser un ejercicio de gobernanza democrática se ha transformado en una gestión que muestra tintes de retroceso institucional, donde la figura de la presidente municipal parece diluirse frente a un mando que, aunque carece de investidura legal para tales fines, opera de manera fáctica en la toma de decisiones.
Es alarmante observar cómo, dentro de las sesiones de cabildo, personajes como José Luis Monterde y José Luis Ramírez han incurrido de manera sistemática en conductas que encuadran en la violencia política. Estas acciones son especialmente notorias en actos de discriminación y misoginia dirigidos hacia los integrantes de la oposición que actúan con conciencia y rigor crítico. Al faltar al respeto a las mujeres y hombres que disienten de sus formas, estos funcionarios contravienen lo estipulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y los recientes criterios de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF (como el expediente SG-JDC-2/2026), que sancionan la obstrucción del cargo y el trato denigrante. La descalificación constante no es solo una falta de civismo, sino una infracción que, bajo la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, puede derivar en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
A esta crisis de conducta se suma una grave falta a la veracidad en las operaciones financieras y administrativas. La administración omite entregar información fidedigna sobre la operación de las empresas municipales y los procesos de adjudicación de obra pública. Se percibe una inobservancia sistemática a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La recurrencia de un padrón cerrado de empresas que ejecutan la obra pública infringe el principio de libre competencia y el artículo 134 de la Constitución Federal. Favorecer a las mismas entidades mediante adjudicaciones que evaden la licitación pública vulnera el deber de asegurar al municipio las mejores condiciones de precio y calidad, constituyendo posibles faltas administrativas graves por conflicto de interés y tráfico de influencias.
Resulta contradictorio que, mientras la administración evidencia carencias profundas en la gestión de servicios básicos y en la transparencia, la soberbia política los impulse a proyectar una reelección que ignora el sentir social. La gestión de Morena en la Villa Alfarera ha sido señalada como la peor administración femenil en la historia del municipio, priorizando la obtención discrecional de recursos sobre una administración pública eficiente. Este enfoque ha dejado un saldo preocupante de cuentas por pagar y una estela de irregularidades que ya han derivado en denuncias de orden penal por peculado y uso ilícito de atribuciones.
La realidad en San Pedro no permite simulaciones. Llegaron al poder evidenciando una falta de preparación para el ejercicio del mando, centrando sus esfuerzos en la captación presupuestal mientras desatienden las responsabilidades jurídicas. La discriminación, la misoginia y la opacidad en la asignación de contratos son violaciones procedimentales que ponen en riesgo la estabilidad del municipio y dejan claro que, para la actual administración, la legalidad es una asignatura pendiente.
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