Por: Jorge Eduardo García Pulido
La administración de San Pedro Tlaquepaque ha convertido la licitación TLQ-SOP02/2026 en un monumento a la omisión y el blindaje administrativo. Lo que debería ser un ejercicio de transparencia para dotar de luminarias al municipio, se percibe hoy como un proceso diseñado para el beneficio particular, ignorando sistemáticamente la inclusión social y la creación de contralorías ciudadanas que vigilen el destino de más de 44 millones de pesos.
El camino hacia esta opacidad inició con una convocatoria que nació incompleta, omitiendo las bases técnicas el 1 de abril de 2026. La estrategia de exclusión continuó al fijar la entrega de documentos en días santos (2 y 3 de abril), cuando la dependencia encargada permanecía cerrada y el personal se encontraba de vacaciones. Esta maniobra no solo impidió la libre competencia, sino que aseguró que el proceso llegara a la sesión de apertura con un único y cuestionable postor: ZITUM Desarrolladores S.A. de C.V..
Resulta alarmante que el contrato fuera entregado a una empresa que arrastra una inhabilitación vigente desde febrero de 2025, emitida por el Diario Oficial de la Federación. Pese a que regidoras y regidores exigieron detalles sobre la calidad, costos y garantías de los equipos, el Gobierno Municipal optó por el silencio absoluto. Esta falta de respuestas es una pena para un municipio que hoy vive el extremo de la corrupción, donde el negocio parece ir primero que las necesidades de seguridad y alumbrado de sus colonias.
Ante este blindaje, la sociedad civil y los organismos de control deben recurrir a las herramientas de transparencia para forzar la rendición de cuentas que el municipio niega. Es imperativo exigir, vía solicitudes de información, el desglose de los costos unitarios, el expediente técnico de las luminarias solares y, sobre todo, la prueba documental de que la empresa ganadora realmente solventó sus sanciones legales antes de recibir recursos públicos.
La opacidad no es una casualidad administrativa, es una decisión política. Preguntar si esta gestión merece la reelección es obligado cuando sus actos son el polo opuesto a los principios de honestidad y combate a la corrupción que hoy se exigen en Jalisco. Es momento de que las instituciones de transparencia intervengan donde la voluntad política de Tlaquepaque ha decidido ausentarse.
Es evidente que en este gobierno los «José Luis» a la presidenta le hacen daño, le hacen perder la cabeza y la nublan ante la realidad de un municipio que exige cuentas claras, no negocios en lo oscurito.
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