Emilio Ulloa
La violencia de género sigue siendo uno de los desafíos más urgentes para el Estado mexicano. Más allá de las cifras y de los debates jurídicos, se trata de una realidad que atraviesa la vida cotidiana de miles de mujeres y que exige respuestas institucionales firmes, eficaces y sostenidas. En los últimos años el país ha avanzado en el reconocimiento legal de estos delitos y en la creación de instrumentos para combatirlos; sin embargo, la discusión pública muestra que aún persisten retos importantes.
Uno de los puntos centrales del debate es la eficacia de las fiscalías especializadas. La creación de instancias dedicadas a investigar delitos contra las mujeres ha sido un paso relevante para reconocer la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo con una perspectiva específica. No obstante, continúa la discusión sobre si estas fiscalías cuentan con los recursos, la autonomía y la capacitación necesaria para realizar investigaciones sólidas que conduzcan a la justicia.
Ligado a ello aparece el problema de la impunidad. Diversos diagnósticos señalan que una parte significativa de los casos no llega a sentencia o enfrenta procesos prolongados y deficientes. Cuando la justicia no se concreta, no sólo se agrava el daño a las víctimas y sus familias, sino que también se debilita la confianza social en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.
Otro debate relevante se refiere a la clasificación de los asesinatos de mujeres. En muchos casos estos crímenes son investigados inicialmente como homicidios comunes y no como feminicidios. Esta diferencia es fundamental, pues el reconocimiento de la dimensión de género permite activar protocolos específicos de investigación y visibilizar la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres.
En este sentido, también se ha subrayado la necesidad de asegurar la aplicación efectiva de protocolos con perspectiva de género. La correcta actuación de ministerios públicos, peritos y policías de investigación resulta clave para identificar los elementos que configuran la violencia feminicida y evitar que los casos se diluyan en procedimientos deficientes.
Finalmente, el debate público ha dejado claro que el problema no puede enfrentarse únicamente desde la sanción penal. Es indispensable fortalecer las políticas de prevención, la atención integral a víctimas, el apoyo a refugios y los programas educativos que permitan transformar las condiciones sociales y culturales que reproducen la violencia.
En medio de esta discusión sobre derechos, justicia y dignidad, resulta particularmente preocupante escuchar afirmaciones que parecen retroceder en la comprensión contemporánea de la familia. La reciente declaración de la ministra María Estela Ríos González, en el sentido de que las personas concebidas mediante fecundación in vitro no pertenecerían a una familia, merece una crítica clara y serena.
Una afirmación de esa naturaleza no sólo es jurídicamente discutible, sino que resulta incompatible con el desarrollo constitucional y con la evolución del derecho de familia en México. La Constitución protege a la familia en sus diversas formas y reconoce el derecho de las personas a decidir libremente sobre la reproducción. Las técnicas de reproducción asistida, lejos de negar la familia, son precisamente una de las vías mediante las cuales muchas parejas y personas pueden ejercer ese derecho.
Negar o poner en duda la pertenencia familiar de quienes nacen mediante estas técnicas implica desconocer la realidad de miles de hogares y, peor aún, colocar un estigma innecesario sobre niñas y niños cuya dignidad no admite matices. El derecho contemporáneo ha evolucionado precisamente en sentido contrario: hacia el reconocimiento pleno de la diversidad familiar y hacia la protección del interés superior de la niñez.
Por ello, más que abrir debates que cuestionen la legitimidad de ciertas formas de filiación, lo que corresponde es fortalecer un marco jurídico que garantice igualdad, dignidad y seguridad para todas las personas, sin importar las circunstancias de su concepción.
La violencia de género y las desigualdades estructurales requieren instituciones sólidas, discursos responsables y una comprensión profunda de los derechos humanos. Combatir estas realidades exige una acción coordinada del Estado y de la sociedad, con la convicción de que ninguna democracia puede considerarse plena mientras las mujeres no puedan vivir libres de violencia y mientras cualquier persona vea cuestionada su dignidad o su pertenencia familiar.
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