Por Carlos Anguiano
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La realización de elecciones extraordinarias para elegir cargos del Poder Judicial de la Federación, celebrada el domingo 1 de junio pasado, de entrada, debe comprenderse como una realidad indubitable: las voces que decían que el INE iba a desaparecer, han quedado descalificadas. La organización del Instituto Nacional Electoral de las elecciones, es un hecho digno de destacar. Con menos recursos, enfrentó la tremenda dificultad de realizar elecciones inéditas, en un marco histórico, por primera vez, sin participación de los partidos políticos en la postulación de las y los candidatos a elegir, sin logotipos en las boletas.
El grueso de las voces descalificadoras de la elección, centran su intentona en la reducida cantidad de electores que decidieron participar y emitir su voto en las urnas. Vale la pena destacar algunas luces sobre el tema: En principio, nadie puede negar que no se democratizó la selección del poder judicial federal. Segunda, cualquier esfuerzo democrático en el país es bien recibido, reconocido, útil y benéfico para los mexicanos. Tercera, la máxima de que todo lo que se invierta en cultura democrática para un pueblo, es barato, se refuerza con la celebración inédita de este ejercicio extraordinario; cuarta, la baja participación, el abstencionismo y el desinterés a votar, aunque redujo la participación a niveles cercanos al 13%, no existen razones para considerar que, en las elecciones intermedias del periodo gubernamental del poder ejecutivo federal, se replique el fenómeno. Recuerdo y resalto que en el próximo año 2027 viene la votación para la revocación de mandato presidencial, ejercicio que realzará los motivos y las razones para ejercer el derecho al voto.
Quinta, cada vez que se aplica un cambio profundo en los derechos ciudadanos, tarda en socializarse, en crear cultura y en despertar interés: lo mismo ocurrió la primera vez que las mujeres tuvieron derecho a votar. Los cambios se instauran con una velocidad menor a los deseos de los regímenes políticos. Sexta, por supuesto que el mecanismo y el método debe perfeccionarse y mejorarse antes de la siguiente elección, pero la experiencia enriquece y sin duda, fortalecerá la vida democrática del país.
Hoy no quedan argumentos para descalificar al INE y su relevancia para el andamiaje democrático nacional. La defensa del INE nos regresa a lo que fue el primer logro de la democracia mexicana, cuando en 1946, el presidenteManuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.
La historia de la democracia en México, los cuestionamientos a la legalidad y a que los votos cuentan y se cuentan bien, ha recorrido avances como lo fueron la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en 1977 y el nacimiento del Instituto Federal Electoral (INE), Órgano Especializado en Materia de Elecciones, que funcionó entre los años de 1990 a 2014. En 1994 se logra la ciudadanización del IFE, reduciendo la influencia del gobierno federal y dándole autonomía al organismo encargado de realizar las elecciones en México. Es en 2014 cuando nace una nueva autoridad electoral de carácter nacional: El Instituto Nacional Electoral, (INE). Su creación representó una modificación fundamental en el sistema político mexicano para la construcción de la democracia en México.
Ningún ataque a la reforma judicial debe representar un ataque a la democracia, ni alentar debilitar al árbitro electoral. En la anterior, como en las futuras elecciones que viviremos en México, lo importante es defender la democracia, el derecho al voto, la libertad ciudadana, la autonomía del INE. Lo que sí importa es que las eleccionesen México sean legales, validas, limpias, transparentes y legitimas. Que los mexicanos decidamos el futuro que debemos emprender como nación, libremente, sin fraude alguno. A pesar de todo y de todos, la máxima lucha debe ser que el derecho popular a decidir, siempre debe garantizarse.
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