El caso de Sasha Sokol y la histórica resolución de la Suprema Corte llevaron a Irma Beatriz González García a romper un silencio de décadas. Afirma haber sufrido violencia desde que tenía cuatro, cinco o seis años y señala que familiares conocieron lo que ocurría y no la protegieron. Hoy exige que los hechos sean investigados y que quienes resulten responsables respondan ante la justicia.
El silencio puede durar décadas. El daño, mucho más.
Redacción.- Irma Beatriz González García decidió hacer pública una historia que, asegura, comenzó cuando apenas era una niña. Su testimonio contiene señalamientos graves de violencia, abuso sexual, amenazas, humillaciones y omisiones que, sostiene, marcaron profundamente su infancia y posteriormente su vida.
La reciente detención administrativa del productor Luis de Llano Macedo por incumplir obligaciones derivadas de la sentencia obtenida por Sasha Sokol fue, según relata, el detonante que la llevó a hablar.
“Hoy no me quiero callar”, sentencia.
El caso Sokol representa para ella algo más que una noticia del mundo del espectáculo: lo considera la demostración de que el paso de los años no necesariamente tiene que convertirse en refugio para quienes ocasionaron un daño a una persona durante su infancia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 2025 un criterio de enorme trascendencia: la acción para reclamar una indemnización por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez y adolescencia es imprescriptible.
Es decir, por la vía civil, el transcurso de décadas no cancela automáticamente el derecho de una víctima de violencia sexual infantil a buscar reparación.
“Quiero justicia”
González García señala directamente a Jesús Ulises González García, Hugo Homero González García y Justo Iván González García, a quienes atribuye distintas conductas y, principalmente, acusa de haber conocido la violencia que asegura haber padecido desde pequeña sin protegerla.
Los señalamientos forman parte exclusivamente del testimonio de la denunciante y deberán, en su caso, ser investigados y determinados por las autoridades competentes, respetando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas mencionadas.
Irma sostiene que desde que tenía “cuatro, cinco o seis años” padecía agresiones sexuales que describe como “violentas, desgarradoras, asquerosas, humillantes y deplorables”.
Afirma además que, cuando tenía aproximadamente 13 o 14 años y trataba de hablar sobre lo que ocurría, recibió como respuesta una orden: callarse.
“Ulises en ese momento era líder sindical de los maestros y me decía que me callara”, asegura.
También acusa a Justo Iván González García de haberla violentado y de intentar abusar de ella.
“Siempre quiso abusar de mí”, afirma en su narración.
La mujer asegura que otras personas de su entorno tenían conocimiento de la situación. Entre ellas menciona a María de Lourdes Contreras Ortiz, exesposa de Jesús Ulises González García.
Su exigencia ahora es concreta: que las autoridades investiguen.
“Quiero por este medio pedir justicia y pedir que se haga una investigación; que se lea, que todo mundo lo lea, que todo mundo lo diga”, expresa.
El miedo después del silencio
Pero romper décadas de silencio, asegura, también le produce miedo.
“Me da terror”, dice Irma, quien manifiesta temor de sufrir represalias después de hacer públicas sus acusaciones y sostiene que anteriormente habrían intentado atentar contra ella.
Precisamente por la gravedad de esa afirmación, cualquier amenaza actual o riesgo contra su integridad debe ser denunciado ante las autoridades para que sea investigado y, de ser necesario, se determinen medidas de protección.
Porque una denuncia de esta naturaleza no debería terminar simplemente convertida en una declaración pública.
Debe investigarse.
Las autoridades tendrán que establecer qué ocurrió, cuándo ocurrió, quiénes participaron, quiénes tuvieron conocimiento de los hechos y qué responsabilidades jurídicas pueden existir.
Sasha Sokol abrió una puerta
El nombre de Sasha Sokol aparece repetidamente en el relato de Irma porque fue el caso que la convenció de que todavía podía levantar la voz.
La Suprema Corte confirmó en junio de 2025 la sentencia civil contra Luis de Llano Macedo por el daño ocasionado a Sokol cuando era menor de edad y posteriormente estableció jurisprudencia respecto de la imprescriptibilidad de las acciones civiles indemnizatorias derivadas de violencia sexual durante la infancia y adolescencia.
En septiembre de 2026, De Llano fue arrestado administrativamente después de incumplir medidas ordenadas judicialmente, entre ellas presentar una disculpa pública y publicar una síntesis de la sentencia.
El precedente tiene una dimensión que rebasa ampliamente a sus protagonistas: haber guardado silencio durante décadas no significa que una víctima haya renunciado a buscar justicia.
Tampoco puede exigirse a una niña que haya tenido la capacidad, independencia o herramientas de una persona adulta para denunciar aquello que estaba viviendo.
El tiempo no borra el daño
Ese es precisamente el centro del testimonio de Irma Beatriz González García.
Durante años, afirma, hubo personas adultas que sabían.
Durante años, asegura, hubo silencio.
Y durante años cargó con las consecuencias.
Ahora quiere que las instituciones determinen responsabilidades.
“Quiero justicia”, insiste. “Hoy no me quiero callar”.
Su denuncia pública no constituye por sí misma una sentencia contra las personas señaladas. Corresponderá a las autoridades investigar y, eventualmente, a los tribunales determinar responsabilidades.
Pero tampoco puede utilizarse el paso del tiempo como argumento automático para descalificar la palabra de quien afirma haber sufrido violencia durante su infancia.
El precedente establecido por la Suprema Corte en materia civil manda justamente el mensaje contrario: cuando se trata de violencia sexual sufrida durante la niñez, el calendario no puede convertirse en aliado de la impunidad.
Irma Beatriz González García decidió finalmente hablar.
Ahora corresponde a las instituciones escuchar, investigar y determinar si existen responsabilidades que reparar y sancionar conforme a derecho.
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