Por Jorge Eduardo García Pulido
No hay forma de que Bomberos de Zapopan se desplacen a Guadalajara, se sumen a un operativo de dispersión frente a Casa Jalisco y lancen chorros de agua a presión contra ciudadanos sin autorización de la administración municipal. Eso no se improvisa desde abajo.
El 11 de octubre, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan participaron activamente en la represión de la marcha por agua limpia. Bomberos de Guadalajara se deslindó: los uniformes que aparecen en los videos son de Zapopan y del estado. Según testimonios anónimos de la propia corporación, el apoyo se pidió desde Casa Jalisco y a los elementos los pusieron “contra la espada y la pared”. Ya no es un rumor genérico: uno de ellos tiene nombre y cargo. Víctor Hugo Arroyo Romero, paramédico del Hospital General de Zapopan, aparece en video lanzando agua a presión. Un profesional de la salud reprimiendo a quienes protestaban por agua contaminada. Cuando la base empieza a ser identificada, la pregunta de quién autorizó deja de ser abstracta.
Hasta ahora no hay un oficio público firmado por Juan José Frangie que diga “manden a tirar agua”. Lo que sí hay es la participación de recursos, personal y equipo de su municipio en territorio de Guadalajara, en un operativo cuyo propósito era contener y dispersar. Eso no ocurre sin que alguien de la cadena de mando municipal diga que sí. Y en un ayuntamiento, ese alguien no es un capitán de estación.
El Órgano Interno de Control de Zapopan abrió investigación. El director Mario Alberto Espinoza lo reconoció después de que el regidor Mauro Lomelí preguntara quién solicitó el apoyo y quién dio la orden. Esa investigación no puede limitarse a sancionar al paramédico que ya fue expuesto en redes. Tiene que subir hasta el nivel donde se autorizó el desplazamiento y se definió el uso de las mangueras. Si se queda en la base, será un simulacro.
En los trascendidos de las corporaciones se dice que la autorización no se quedó en mandos medios. Que subió. Mientras no exista documento, sigue siendo versión de fuente interna. Pero el espacio para que Frangie alegue que no se enteró se estrecha cada día. Un alcalde no puede sostener que ignora que sus bomberos están en primera línea de un operativo de contención frente a la residencia del gobernador cuando ya se les está poniendo nombre y cargo.
Debe investigarse ya, y debe investigarse hasta arriba. Si la instrucción específica salió de la oficina del alcalde, tiene que quedar escrito. Si fue una autorización amplia que los mandos convirtieron en manguerazos, también. La responsabilidad política de la administración de Frangie ya está. La pregunta de si dio la orden de usar a sus bomberos para atacar manifestantes en Guadalajara es exactamente lo que la investigación tiene que responder. Y tiene que responderlo en público, no en un comunicado genérico.
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