Por: Capitán Isaac Hernández Luna
Estimados lectores de La Verdad Jalisco: en las últimas décadas, el rol de las Fuerzas Armadas en México ha experimentado una transformación tan profunda que ha redefinido los límites tradicionales entre el poder civil y el estamento militar.
En la sociedad actual, los militares ya no solo custodian las fronteras o intervienen en momentos de extrema crisis institucional; se han convertido en actores políticos activos, estrategas del desarrollo público y, con frecuencia, en el último recurso de gobiernos civiles debilitados. Esta creciente presencia responde a un fenómeno complejo: la crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales. Ante la percepción de corrupción, ineficacia o fragmentación de los partidos políticos, la ciudadanía y los propios gobernantes suelen ver en el estamento militar un oasis de disciplina, eficiencia y patriotismo.
De este modo, tareas que históricamente correspondían a ministerios civiles —como la construcción de infraestructura, la administración de aduanas, la gestión de empresas estatales o la seguridad pública interna— son delegadas a los uniformados. Sin embargo, esta militarización de lo civil alberga una profunda contradicción para la salud democrática. Por su propia naturaleza, la estructura militar es vertical, jerárquica y deliberadamente no deliberativa. Funciona bajo la lógica del mando y la obediencia, un diseño indispensable para la defensa, pero diametralmente opuesto a la lógica democrática, que exige consenso, debate, transparencia y el cuestionamiento constante del poder.
Al normalizar su participación en la toma de decisiones políticas, se corre el riesgo de erosionar los contrapesos institucionales y de debilitar las capacidades de la burocracia civil, la cual termina siendo desplazada en lugar de fortalecida. La reflexión central no debe girar en torno a la competencia de los militares, sino a la responsabilidad de la clase política y de la sociedad en general. Utilizar a las Fuerzas Armadas como un escudo para parchar las deficiencias de los gobiernos civiles es una solución de corto plazo con un costo sistémico elevado. Cuando el ejército se convierte en el árbitro de la estabilidad o en el motor de la administración pública, la línea de la neutralidad institucional se quiebra.
El desafío de la sociedad actual no es aislar a los militares del Estado al que sirven, sino reafirmar con firmeza la subordinación del poder de las armas al poder del voto. Una democracia fuerte no es aquella que abdica de sus responsabilidades en los cuarteles, sino la que es capaz de resolver sus crisis mediante el fortalecimiento de sus instituciones civiles, garantizando que el uniforme siga siendo un símbolo de defensa nacional y no un actor más en el tablero de la política cotidiana.
Por un lado, quienes defienden este modelo argumentan que la disciplina, la lealtad institucional y la eficacia logística de las Fuerzas Armadas resultan indispensables para blindar los proyectos de desarrollo frente a la ineficacia burocrática y la corrupción que históricamente han afectado a las agencias civiles. La alta legitimidad social que conservan los militares ante la opinión pública refuerza su posición como un aliado estratégico fundamental para la conducción del país; es mi punto de vista, ¿usted qué opina?
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