Por Luis Enrique Osuna Sánchez
Hay fechas que no deberían servir sólo para recordar un problema, sino para incomodarnos frente a él. El 25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, es una de ellas.
Cuando hablamos de maltrato infantil, casi siempre imaginamos escenas evidentes: golpes, abandono, violencia familiar, abuso físico directo de adultos hacía niños. Y claro, todo eso forma parte de una realidad dolorosa que debe ser combatida sin titubeos. Pero hay otras formas de maltrato menos visibles, más silenciosas, que también dejan huella. Una de ellas ocurre cuando una niña, un niño o un adolescente pide ayuda dentro de su escuela y la institución no escucha, no cree, no actúa o actúa demasiado tarde.
La escuela no es solamente un lugar donde se enseñan materias. Es uno de los primeros espacios donde una persona aprende a convivir, a confiar, a sentirse parte de algo. Ahí se forma buena parte de la autoestima, de la seguridad personal y de la manera en que un niño entiende su propio valor frente a los demás. Por eso, cuando en ese entorno se permite el acoso, se minimiza una agresión, se desacredita la palabra de quien denuncia o se reduce el sufrimiento a “son cosas de niños”, el daño no es menor. Puede ser profundo. Puede acompañar durante años.
Lo que muchas veces no se dice es que el maltrato no siempre aparece como un acto violento en sentido clásico. A veces aparece como omisión. Como silencio. Como indiferencia institucional. Si un consejo escolar protege más la imagen del colegio que la integridad emocional de un niño o una niña. Como una autoridad escolar pide “no exagerar” cuando lo que corresponde es activar un protocolo. Como cuando se le dice al menor que “la vida es dura, que debe aprender a lidiar con entornos hostiles y de agresión para fortalecer su carácter”. Como una respuesta burocrática que llega tarde, cuando el miedo ya se convirtió en ansiedad, la ansiedad en aislamiento y el aislamiento en una forma de desesperanza.
En la práctica, muchas familias han vivido historias parecidas. Niñas o niños que de un día a otro ya no desean ir a la escuela. Que duermen mal. Que comen poco. Que bajan su rendimiento. Que se vuelven irritables o silenciosos. Que empiezan a sentirse culpables por lo que les ocurre. Que no saben explicar con claridad lo que pasa, pero lo expresan con el cuerpo, con el ánimo, con la conducta, con el miedo.
Después, cuando los padres empiezan a unir piezas, descubren que había burlas, amenazas, exclusión, humillaciones, mensajes hirientes, agresiones y otras conductas de agresión que la escuela no quiso ver, no supo atender o prefirió tratar como una mera diferencia entre compañeros. Y entonces surge una pregunta que pesa mucho: ¿qué habría pasado si se hubiera actuado desde el primer aviso?
Esa pregunta no es retórica. En materia de infancia, el tiempo tiene un valor distinto. Una semana puede ser demasiado. Un mes puede agravar el daño. Un ciclo escolar puede convertirse en una experiencia que marque la manera en que una niña se mira a sí misma y confía —o deja de confiar— en los adultos.
La primera herida viene del acoso o de la agresión. Pero muchas veces hay una segunda herida, más difícil de nombrar: la que produce la respuesta institucional. Cuando un niño o niña dice que algo le pasó y los adultos la ponen en duda, cuando se le pide que aguante, cuando se le sugiere que no exagere, cuando se condiciona la ayuda a pruebas imposibles, el mensaje que recibe es devastador: tu dolor no basta, tu palabra no alcanza, tu seguridad puede esperar.
Ese mensaje lastima y mucho.
Por eso los protocolos escolares no son una formalidad administrativa. No son documentos para exhibirse en una carpeta o en una página institucional. Son rutas de protección. Existen para actuar a tiempo, para escuchar con seriedad, para separar a la víctima de la fuente de riesgo, para documentar, para informar a las autoridades competentes, para activar apoyo psicológico, para evitar represalias y para impedir que la víctima tenga que convivir todos los días con aquello que le causa daño.
Proteger de manera inmediata a una posible víctima no significa condenar anticipadamente a nadie, mucho menos si los presuntos agresores son también niños o niñas. No se trata de abandonar el debido proceso ni de sustituir la investigación por intuiciones. Se trata de entender que, cuando hay una niña o un niño en riesgo, la primera obligación institucional es prevenir el daño. Investigar y proteger no son caminos opuestos. Al contrario: una investigación seria empieza por asegurar que quien denuncia no siga expuesto a más violencia.
En los tribunales se aprende algo con el tiempo: los expedientes rara vez muestran el daño completo. Muestran oficios, fechas, informes, respuestas, actuaciones. Pero detrás de cada documento hay días de angustia, noches sin dormir, consultas médicas, conversaciones familiares difíciles, un niño que ya no quiere entrar al salón, un padre o una madre que no sabe cómo explicarle que la institución que debía cuidarla no actuó como debía.
Por eso, cuando una escuela omite activar protocolos o decide minimizar lo ocurrido, el problema deja de ser sólo escolar. Se convierte en un problema de derechos. Y cuando las autoridades estatales o federales reciben noticias de esos hechos y tampoco reaccionan con oportunidad, la omisión se vuelve más grave. No basta con turnar oficios, pedir informes o declarar incompetencias sin orientar. La protección de niñas, niños y adolescentes exige respuestas reales, no trámites que aparentan movimiento mientras la situación empeora.
El principio del interés superior de la niñez no puede quedarse como una frase de cierre en documentos oficiales. Tiene que operar en los hechos. Significa que, ante una situación que pueda afectar la integridad física, emocional o psicológica de una persona menor de edad, las autoridades públicas y las instituciones privadas que prestan servicios educativos deben colocar su protección en el centro de la decisión. No al final. No después de cuidar la reputación institucional. No cuando el daño ya escaló.
Esto es especialmente importante en casos de acoso escolar, violencia psicológica u otras agresiones entre menores. Son asuntos delicados, complejos y dolorosos. Precisamente por eso no pueden manejarse con improvisación, incredulidad o cálculo reputacional. La prudencia no consiste en no hacer nada. La prudencia verdadera consiste en actuar con método, con cuidado, con sensibilidad y con responsabilidad.
Una escuela seria no es aquella donde nunca pasa nada. Eso no existe. Un colegio responsable es el que sabe responder cuando algo pasa. El que escucha. El que investiga. El que protege. El que reconoce errores. El que acompaña. El que entiende que su prestigio no se defiende negando el daño, sino evitando que se repita.
Además, la reparación no puede reducirse a una disculpa fría, tardía o redactada para cerrar un expediente. Cuando el daño emocional ya se produjo, la reparación debe mirar hacia la niña o el niño, no hacia la comodidad de la institución. Reparar implica reconocer lo ocurrido, ofrecer atención psicológica adecuada, restituir condiciones de seguridad, adoptar medidas de no repetición y, cuando sea necesario, ofrecer una disculpa seria, humana y proporcional. No como espectáculo. No como humillación pública. Como un acto mínimo de verdad frente a quien fue ignorado, un niño o una niña en desarrollo.
Desde una visión terapéutica del derecho, esto importa mucho. El derecho no sólo resuelve controversias; también puede sanar o profundizar heridas. Una autoridad que escucha a tiempo puede contener el daño. Una escuela que actúa con honestidad puede reconstruir confianza. Pero una institución que niega, dilata o desacredita convierte un conflicto escolar en una experiencia traumática.
Lo que termina pasando en muchos expedientes es que la familia tiene que judicializar lo que debió resolverse con humanidad desde el primer momento. Tiene que acudir a autoridades administrativas, procuradurías, comisiones, juzgados o instancias de amparo para pedir algo que debería ser elemental: que una niña o un niño sea protegido, escuchado y tratado con dignidad.
Ese es el punto que esta fecha debería obligarnos a mirar. El maltrato infantil no sólo ocurre cuando alguien agrede directamente a una niña o a un niño. También ocurre cuando una institución permite que esa agresión continúe. Cuando la víctima pide ayuda y no se le cree. Cuando el protocolo se vuelve una simulación. Cuando la autoridad llega tarde. Cuando la infancia queda atrapada entre la negación escolar y la burocracia pública.
No se trata de convertir cada conflicto escolar en un litigio. Al contrario. Se trata de evitar que los conflictos escalen porque nadie escuchó a tiempo. Una intervención temprana, sensible y profesional puede cambiar por completo el rumbo de una historia. Puede impedir que el miedo se vuelva trauma. Puede evitar que una niña asocie la escuela con peligro. Puede recordarle que su voz importa.
El 25 de abril no debería ser una fecha para discursos cómodos. Debería ser una llamada de atención para escuelas, autoridades y familias. Cuidar a la infancia no es solamente evitar golpes. También es creer con seriedad, actuar con oportunidad y no obligar a una niña a demostrar una y otra vez que merece protección.
Porque cuando una escuela no escucha, el silencio también educa. Y quizá esa sea una de las lecciones más graves que una institución puede darle a una niña: que su dignidad puede esperar.
Con cariño para todos los niños, niñas y adolescentes que sufren o han sufrido acoso escolar.
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