Jorge Eduardo García Pulido.
Las causas detrás de la ruptura entre el grupo fundador de Movimiento Ciudadano, el repliegue de Enrique Alfaro en España y la encrucijada de Pablo Lemus frente a la crisis del agua y el rescate federal.
GUADALAJARA, JALISCO. — La estructura política que consolidó la hegemonía de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco a lo largo de casi una década enfrenta hoy un escenario de agotamiento operativo y fragmentación interna. El desenlace de la correlación de fuerzas metropolitanas plantea una interrogante ineludible en el escenario público estatal: ¿por qué Pablo Lemus y no la continuidad de un perfil doctrinario del alfarismo tradicional? La respuesta revela que lo pactado como una alianza pragmática para retener la gubernatura ha derivado en una disputa de baja intensidad, agudizada por la contingencia sanitaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y las contradicciones entre las diversas corrientes del partido naranja.
La fuerza fundadora de MC en la entidad se estructuró originalmente alrededor del círculo histórico de Enrique Alfaro Ramírez y figuras clave como Clemente Castañeda Hoeflich, Ismael del Toro Castro y Hugo Luna Vázquez. No obstante, la incorporación de Jesús Pablo Lemus Navarro —empresario y expresidente de COPARMEX Jalisco— respondió a una estrategia de apertura impulsada por Clemente Castañeda para asegurar competitividad electoral en Zapopan y, posteriormente, en Guadalajara tras la declinación de Del Toro. Esta apertura garantizó triunfos en las urnas, pero marginó operativamente a los cuadros puros del alfarismo, sembrando tensiones permanentes entre la estructura original y la figura de Lemus.
La fractura definitiva se consumó hacia la renovación de 2024, cuando Alfaro confrontó abiertamente a la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado, rechazó los acuerdos con el grupo de Monterrey y descalificó las definiciones presidenciales de su partido. Al culminar su administración el 6 de diciembre de 2024, el exgobernador formalizó su separación de la política local y trasladó su residencia a España para desempeñarse como auxiliar técnico en el club de fútbol Real Valladolid, dejando el mando sin un sucesor directo de su grupo cerrado. Clemente Castañeda, por su parte, tejió alianzas en la Ciudad de México y respaldó a Jorge Álvarez Máynez en la dirigencia nacional, asegurando espacios clave dentro del gobierno estatal como contrapeso a Lemus, entre ellos la Secretaría General de Gobierno a cargo de Salvador Zamora.
La contingencia del agua contaminada y los tandeos que afectan a 627 colonias metropolitanas operó como el detonante de las pugnas internas. La inexperiencia en la contención de crisis exhibió fisuras en el gabinete estatal, evidenciadas en el choque entre Salvador Zamora y el jefe de Gabinete, Alberto Esquer, quien asumió el control de la relación con el Congreso local tras los fallidos operativos policiales del 11 de octubre frente a Casa Jalisco. A esto se sumó el repliegue de la bancada legislativa de MC, encabezada por José Luis Tostado, cuyos diputados reventaron el quórum del pleno parlamentario para frenar las comparecencias de los mandos del SIAPA y de seguridad pública. Simultáneamente, la iniciativa estatal para concesionar a 25 años el Acueducto Sustituto mediante el esquema privado C-MRO se derrumbó ante las denuncias sociales de sobrecostos y privatización encubierta.
El viraje institucional definitivo ocurrió con la intervención directa del gobierno de la República. La determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de asignar entre 12,000 y 13,000 millones de pesos del presupuesto federal para costear el Acueducto Sustituto y las obras complementarias de El Zapotillo sin permitir privatizaciones ni endeudamiento obligó al gobernador Lemus a acudir a Palacio Nacional y reconocer la coordinación con la Federación, dejando sin sustento la retórica de confrontación promovida por la dirigencia emecista local.
Asimismo, las revisiones federales exhibieron las omisiones heredadas de la administración de Enrique Alfaro Ramírez. Pese a que el exmandatario proclamó en julio de 2024 haber resuelto el abasto hídrico metropolitano para los próximos 50 años, la Federación evidenció que su gobierno abandonó la construcción del acueducto Calderón-San Gaspar y las subestaciones de bombeo, obligando a operar El Zapotillo a menos de la mitad de su capacidad útil. Jurídicamente, su estancia en el extranjero no interrumpe sus deberes legales frente al Estado: conforme al artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las facultades de sanción para faltas administrativas graves prescriben a los siete años, por lo que su exigibilidad se mantendrá activa hasta diciembre de 2031. De este modo, la unción de Lemus por encima del alfarismo originario no representó un relevo armonioso, sino la sustitución forzada de un grupo desgastado que transfirió una crisis urbana latente a una gestión atrapada entre disputas internas y el rescate financiero federal.
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