Lic. Armando Maldonado.
Las estructuras del Gobierno Municipal colapsan a seis largos años de haber sido afectados por una de las crisis más impactantes de la historia reciente: la llegada del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19.
Nuestro país, nuestro estado y nuestra ciudad no fueron la excepción al sufrir los embates de este virus que laceró a la sociedad con innumerables pérdidas humanas. Vimos partir de este plano terrenal a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Fueron momentos dolorosos e imborrables que nos dejaron marcados para el resto de nuestras vidas, especialmente a quienes sobrevivimos con secuelas y efectos secundarios. Lo importante es que aún estamos presentes para manifestar la verdad en Guadalajara.
Lo medular de aquellos días es que se presentó un sinfín de despidos injustificados en el Gobierno Municipal, provocados en su mayoría por el pánico colectivo que se vivía. No obstante, el Ayuntamiento adolecía de algo elemental: empatía hacia sus empleados y colaboradores cercanos, quienes salían a trabajar día a día corriendo el riesgo permanente de contagiarse, contagiar a sus familias o no regresar a casa. De esos rasgos de la mínima humanidad posible carecía el municipio. El responsable directo de ello no fue únicamente el entonces alcalde Ismael del Toro Castro —quien en ese momento se encontraba contagiado, pero no de COVID-19, sino del mal que ha afectado a los últimos alcaldes de esta urbe: la «burbujitis de cristal»—. En ella los encapsulan sus funcionarios de alto nivel y asesores para decirles que todo se encuentra bien, impidiendo que los gobernantes noten el pésimo desempeño de su equipo.
Como ejemplo concreto se puede señalar a quien en ese entonces fungía como directora de Movilidad Municipal, Tania Libertad Zavala Marín —cargo heredado por Mario Silva—. Esta funcionaria afectó a su propio personal al despedir a algunas colaboradoras u orillar a otras a renunciar por encontrarse en periodo de gestación o lactancia, impidiéndoles ejercer un derecho humano fundamental estipulado en los artículos 1.º, 4.º y 123.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le resultó más fácil deshacerse de ese personal que tener la iniciativa de crear un lactario para una función tan básica, en un contexto de crisis nacional. Ninguna autoridad intervino para frenar la marcada discriminación de la que fueron objeto estas servidoras públicas, quienes incluso debían buscar baños públicos para amamantar o extraer leche en condiciones totalmente insalubres y con alto riesgo de contagio.
Han transcurrido más de seis años de aquella situación y, lamentablemente, el 90 % de las dependencias del Gobierno Municipal de Guadalajara carece hoy en día de un espacio digno y apropiado para ejercer la lactancia materna. Esto contradice la promoción, difusión y certificación que el Gobierno del Estado realiza a través de la Secretaría de Salud tanto en organismos públicos como privados.
Esta problemática no es nueva para la actual alcaldesa. Tratándose de una de las metrópolis más importantes del mundo, resulta cuestionable que hasta el momento no se observe un compromiso firme para promover este derecho. ¿Será que el interés por las madres es mínimo para ella al no haber tenido la necesidad de hacer uso de dicho espacio? Lo más grave aún es que la funcionaria señalada en los párrafos anteriores fue premiada con una nueva responsabilidad: la Dirección de Coordinación Metropolitana. Resulta inverosímil que esto ocurra en pleno 2026, cuando los derechos de las mujeres deberían ser una prioridad.
Como decía un personaje de la política jalisciense: «Piensan los gobernantes que los ciudadanos no tenemos memoria».
Ojalá alguien logre quitarle la venda de los ojos a Verónica Delgadillo García.
¡Ojo al tiempo!
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