Por Jorge Eduardo García Pulido.
En la alta política de la Cuarta Transformación, las apariencias institucionales suelen enmascarar la verdadera distribución del poder, especialmente en la antesala de las decisiones rumbo a las elecciones intermedias de 2027. El reacomodo en la cúpula de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comenzó con la salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia del partido para incorporarse al gabinete federal como Consejera Jurídica de la Presidencia. Este movimiento liberó la dirigencia partidista y abrió la puerta para que Ariadna Montiel Reyes dejara la Secretaría de Bienestar y asumiera la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en una maniobra vendida mediáticamente como un ascenso, pero que en los hechos encierra una evidente pérdida de músculo político.
Al separarse de la Secretaría de Bienestar, Montiel se desprendió del control directo sobre el padrón de apoyos sociales e infraestructura territorial más grande del país. Para ocupar esa vacante, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Leticia Ramírez Amaya, una funcionaria con una larga trayectoria en el trabajo de base y de absoluta confianza para la mandataria, a quien Sheinbaum ha otorgado alta visibilidad pública y gestión política directa para operar la política social del gobierno federal. Mientras Ramírez Amaya asume la operación de los programas del bienestar blindándolos de la contienda electoral, Montiel queda restringida a ser la fachada pública de Morena, una vocera institucional encargada de contener rebeliones internas y responder a la oposición, pero sin mando real sobre la boleta.
En el verdadero núcleo donde se toman las decisiones, la balanza se inclina de manera aplastante hacia Citlalli Hernández Mora. Tras renunciar a la Secretaría de las Mujeres, Hernández asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, convirtiéndose en el filtro supremo y la verdadera aduana del claudismo rumbo a 2027. Desde esa posición clave, Citlalli maneja las herramientas decisivas del proceso: la aplicación del veto técnico mediante revisiones de antecedentes ante el Gabinete de Seguridad, el control de las reglas de paridad de género, la interpretación de encuestas y la negociación de alianzas con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sumada a la articulación territorial de operadores estratégicos como Efraín Morales López, la estructura de Citlalli consolida la verdadera fuerza decisoria.
Esta misma lógica de poder centralizado y liderazgos decorativos se replica con exactitud en el terreno local de Jalisco. Aunque Érika Pérez García ocupa de manera oficial la presidencia del Comité Estatal de Morena en la entidad, su figura carece de peso político real para la toma de decisiones sustanciales. En el plano operativo y político jalisciense, quien permanece empotrada y ejerciendo el mando de fondo es Katia Castillo Sandoval. Amparada en su estrecha cercanía y alineación directa con Citlalli Hernández, Katia Castillo actúa como la verdadera operadora del grupo dominante, desplazando en los hechos a la dirigencia estatal formal.
Para la militancia y los aspirantes en Jalisco, el mensaje queda perfectamente delineado: mientras Érika Pérez figura como la imagen institucional del partido en el estado de forma análoga a Ariadna Montiel en el ámbito nacional, el poder real de palomear o vetar acuerdos y candidaturas en Jalisco pasa por la red que conecta a Katia Castillo con Citlalli Hernández, quien desde la Comisión de Elecciones sostiene el bolígrafo definitivo de las candidaturas para 2027.
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