Por Carlos Anguiano
www.youtube.com/c/carlosanguianoz
@carlosanguianoz en redes sociales
Esta es una de las grandes perversiones del servicio público: se recompensa la posición por encima de la capacidad, la visibilidad por encima del trabajo y la lealtad por encima del conocimiento. Quienes tienen el poder no necesariamente tienen el conocimiento, y quienes tienen el conocimiento no necesariamente tienen el poder. En congresos, gobiernos, ayuntamientos, tribunales e instituciones públicas existe una estructura silenciosa en la que unos aparecen, firman, inauguran, declaran y reciben homenajes, mientras otros investigan, redactan, corrigen, calculan y trabajan hasta el límite de sus fuerzas para que todo aquello pueda suceder.
De un lado están los que cobran por ocupar el cargo; del otro, los que trabajan para que el cargo funcione. Unos tienen oficina, asistentes, exposición pública y acceso privilegiado a las decisiones. Otros tienen una computadora, expedientes acumulados, jornadas interminables y la responsabilidad de impedir que el error de alguien más se convierta en un problema institucional. Unos llegan a las reuniones para decidir; otros llegan horas antes para preparar los documentos que permitirán hacerlo. Unos hablan ante los micrófonos; otros escriben aquello que después escucharemos como si hubiera surgido espontáneamente de quien está frente a la cámara.
Están quienes reciben reconocimientos, fotografías, aplausos y menciones públicas, y están quienes regresan a casa sin que nadie sepa que pasaron la noche preparando una iniciativa, revisando un presupuesto, corrigiendo un discurso, estudiando un expediente o construyendo una propuesta que mañana alguien presentará como propia. Unos brillan en sociedad; otros sobreviven en silencio. Unos construyen reputación; otros construyen resultados.
No se trata de cuestionar la existencia de políticos profesionales, cargos de elección popular o equipos de confianza. Una democracia necesita representantes electos y funcionarios capaces de decidir. El problema comienza cuando el cargo se convierte en sustituto del conocimiento y la cercanía política en sustituto del mérito. Cuando alguien llega a una posición porque pertenece al grupo correcto y termina dirigiendo a quienes llevan años estudiando aquello que él apenas comienza a conocer. Cuando la lealtad partidista pesa más que la preparación, la experiencia y la capacidad demostrada.
Entonces aparece la farsa y la simulación. Muchos legisladores presentan iniciativas que difícilmente podrían explicar sin consultar a su asesor. Funcionarios que anuncian políticas públicas que nunca diseñaron. Gobernantes que utilizan cifras que no conocen. Políticos que hablan de teoría del estado, derecho constitucional, economía, seguridad o desarrollo social con una seguridad que no corresponde a su preparación, porque detrás de ellos existe un ejército de especialistas que estudió durante años aquello que ellos utilizan durante minutos.
Unos aparentan saber; otros hacen el trabajo de saber. Y mientras tanto, la estructura salarial puede convertirse en una burla para quienes sostienen técnicamente a las instituciones. Profesionales con años de experiencia y enorme responsabilidad pueden terminar cobrando muy por debajo de quienes fueron colocados por razones políticas o llegaron mediante una elección. El especialista carga con el expediente; el político carga con el nombramiento. El primero responde por el contenido; el segundo recibe los reflectores. El primero puede ser indispensable y, desde la lógica del poder, reemplazable; el segundo puede ser técnicamente prescindible y, sin embargo, políticamente intocable.
Pero existe algo todavía más grave: la apropiación del talento ajeno. El asesor redacta, el legislador firma. El técnico diseña, el funcionario anuncia. El investigador descubre, el político presume. El equipo trabaja durante semanas; el titular presenta el resultado en cinco minutos. Y cuando las cosas salen bien, el mérito sube; cuando salen mal, la responsabilidad baja.
México necesita dejar de confundir liderazgo con protagonismo y autoridad con conocimiento. Necesita políticos con la humildad de reconocer a sus equipos, instituciones que paguen dignamente el trabajo especializado y un servicio público donde experiencia, capacidad y resultados tengan valor real.
Porque una sociedad que premia al que aparenta y condena al anonimato al que trabaja termina construyendo exactamente eso: un país donde sobran los protagonistas y faltan los verdaderos profesionales.
Necesitamos instituciones que reconozcan el talento, profesionalicen el servicio público y paguen dignamente la responsabilidad especializada. Porque detrás de cada político que presume saber, muchas veces hay alguien que estudió por él. Y detrás de cada institución que funciona hay cientos de personas cuyos nombres casi nadie conoce.
A ellos les debemos algo más que gratitud: respeto, reconocimiento y justicia profesional.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.


