Jorge Eduardo García Pulido.
La política, como bien apuntaba Félix Flores Gómez, es para quien la entiende, no para quien simplemente le gusta. Sin embargo, en estos tiempos de modernidad decadente, el ejercicio del poder se ha reducido a algo mucho más básico: ya no es una cuestión de talento o entendimiento, sino de repartir el botín entre los amigos cercanos, pagar los compromisos y favorecer al incondicional de turno. La política hoy no es para quien conoce el oficio, sino para el que decide, desde la cúpula, a quién beneficiar bajo el manto de una perversa lealtad. Bajo esta premisa, la actuación de José Luis Tostado al frente de la coordinación parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco exhibe una carencia de oficio que lo reduce a la figura de un empleado leal, carente de la estatura necesaria para su posición. Es un error atribuirle una capacidad estratégica que no posee; en realidad, le ha quedado grande el cargo y su supuesto conocimiento político es una construcción frágil. La inteligencia política y la capacidad de resolución detrás de los movimientos en el legislativo no emanan de su despacho, sino que son el resultado del trabajo de quien ha tenido que suplir sus carencias: el secretario general del Congreso, Eduardo Martínez Lomelí.
Es precisamente Martínez Lomelí quien ostenta el peso real dentro del recinto, convirtiéndose en el auténtico extinguidor de fuegos que ha sabido consagrar el trabajo y las peticiones del gobernador Pablo Lemus Navarro. Ante la evidente flacura política de Tostado, es Lomelí quien ha generado los acuerdos necesarios y aliviado la carga del Ejecutivo, demostrando que en el Congreso la política no se hace con discursos vacíos, sino con una operación quirúrgica y discreta. Esta dependencia confirma que la coordinación formal carece del peso específico que en su momento demostraron perfiles con trayectoria propia, como Gustavo Macías, Hugo Contreras o Salvador Caro. Mientras Tostado se limita a ejecutar instrucciones, la operación real es sostenida por quien sí entiende las coordenadas del poder.
Esta dinámica de mando es la que explica el ataque frontal contra el presidente municipal de Tonalá. Resulta fundamental aclarar que las decisiones sobre la Asociación Público-Privada en Tonalá no son iniciativa de la coordinación legislativa, sino una línea dictada directamente por el gobernador Pablo Lemus Navarro, siendo Tostado el mero ejecutor de dichas directrices. El conflicto actual esconde una ruptura profunda; resulta sospechoso que, habiendo existido una relación de absoluta empatía entre Pablo Lemus, cuando presidía el municipio de Guadalajara, y Sergio Chávez Dávalos para el desarrollo de la zona de transferencia de basura en Jauja, hoy el presidente municipal sea tratado como el enemigo número uno. Un antecedente clave de este distanciamiento ocurrió durante la develación del busto de Aristóteles Sandoval en Tonalá, donde el entonces presidente municipal tapatío fue contundente al señalar que las personas deben ser recordadas por sus valores humanos y su trato hacia el prójimo, no por sus obras, marcando así un precedente sobre la inviabilidad de los proyectos en dicho municipio. Hoy, este cambio de narrativa no obedece a una cuestión de principios, sino a un conflicto oculto que ha roto las alianzas previas.
La selectividad del golpe, centrada en el entorno familiar del munícipe mientras se omite cualquier revisión al pasado de grupos empresariales como Dinámica, la familia Valenzuela, y los intereses de Tierra y Armonía, delata que la estrategia busca proteger a las élites tradicionales de Guadalajara. Se trata de un ejercicio de poder que privilegia a los círculos de siempre, usando al Congreso como un instrumento de presión. Tostado ha demostrado que puede seguir instrucciones, pero carece de la visión y el tamaño político para ser un dirigente. Al final, se ha revelado como un peón en un tablero que no comprende, dejando claro que, ante la falta de peso propio, prefiere ser el empleado dócil de la gubernatura antes que un dirigente con la estatura que el estado demanda.
Resulta inevitable cuestionar si esta guerra sucia —misma que en su momento Arturo Zamora tipificó acertadamente como un delito ante el daño causado— no es más que el síntoma de una preocupación mayor. ¿Será acaso que la abierta intención de Sergio Chávez, manifestada desde aquel programa con Óscar Ábrego, de contender por la presidencia municipal de Guadalajara y su actual perfilamiento hacia el 2027 por Morena, han encendido las alarmas en el poder estatal ante los propósitos del gobernador de conquistar o reconquistar, a toda costa, Zapopan y Guadalajara?
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