Por: Jorge Eduardo García Pulido
La defensa del Secretario de Transporte sobre la existencia de un observatorio oficial ignora una realidad punzante que el nuevo Observatorio de Movilidad A.C. sí pone sobre la mesa: el transporte no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de una planeación urbana que está expulsando a sus habitantes. Al proceso de abandono técnico denunciado por Gustavo Flores Delgadillo, se suma el fenómeno de una gentrificación agresiva que está exterminando el comercio popular y los barrios de artes y oficios para dar paso a un modelo de ciudad excluyente.
Aunque el discurso oficial intente separar la movilidad del uso del suelo, el espacio público ha dejado de ser un bien común. Basta observar la transformación de sitios emblemáticos como la Plaza de la República, que ha pasado de ser un punto de encuentro ciudadano a convertirse en un lobby para sectores privilegiados que pueden costear un valor del suelo excesivo. Esta segregación espacial obliga a las clases populares a desplazarse hacia periferias cada vez más lejanas, donde el transporte público no es una opción, sino una condena que devora su calidad de vida y sus ingresos para poder llegar a sus centros de trabajo.
Ante este escenario, la permanencia de Diego Monraz al frente de la Secretaría de Transporte resulta insostenible. Su acumulada «experiencia» solo ha servido para evidenciar un inhumano sentido social, gestionando el gobierno bajo una lógica de negocio y no de servicio público. Es momento de que el Gobernador tome las riendas y cierre este ciclo de inoperancia que ha priorizado intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
A los ciudadanos, incluyendo a figuras como la diputada Gómez Pozos, no se les debe negar el derecho de vigilar y proponer en materia de movilidad, pues el derecho a la ciudad es de todos. La crisis en Jalisco es el resultado directo de esta exclusión; cuando la planeación se entrega a intereses inmobiliarios y se ignora al «ciudadano de a pie», se comete un error sistemático derivado de la falta de conocimiento social y urbanístico de quienes hoy ostentan el poder.
Finalmente, si Diego Monraz conociera la vergüenza, debería poner su renuncia a disposición del Gobernador y no esperar a ser liquidado. Desde los tiempos de Emilio González, ha elegido vivir a expensas del erario como secretario de movilidad, arrastrando un historial de barbaridades instituidas desde los Juegos Panamericanos y, por supuesto, la implementación de la fotomulta. El ex panista debe tener un mínimo de decoro y cerrar un ciclo marcado por el huachicol y otras atrocidades que han lacerado a Jalisco.
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