Por Carlos Anguiano
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La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta concreta de gestión pública. En México, su adopción refleja dos ritmos distintos pero complementarios: el del gobierno federal, que ha privilegiado la construcción de marcos generales y capacidades de gran escala, y el de entidades como Jalisco, que han optado por implementar soluciones específicas con impacto directo en la vida cotidiana. México enfrenta un reto claro: articular ambos niveles de gobierno. La federación necesita traducir su marco estratégico en aplicaciones tangibles, mientras que experiencias como las de Jalisco deben documentarse, evaluarse y escalarse.
El uso de IA en el gobierno no es sólo una cuestión tecnológica, sino de capacidad institucional, transparencia y confianza pública. Sin reglas claras sobre uso de datos, ética y rendición de cuentas, cualquier avance corre el riesgo de diluirse.; permite observar con claridad dónde están los avances y, sobre todo, dónde persisten los rezagos.
En México, dependencias como la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública han promovido documentos estratégicos que buscan orientar el desarrollo tecnológico en el sector público. Sin embargo, el desafío ha sido traducir estos lineamientos en resultados visibles para la ciudadanía. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha incorporado algoritmos avanzados para detectar inconsistencias fiscales, mejorando la eficiencia recaudatoria y combatiendo la evasión fiscal. En el ámbito de la salud, durante la pandemia se emplearon modelos predictivos para estimar contagios y ocupación hospitalaria, evidenciando el potencial de la analítica de datos a gran escala. En seguridad pública se han explorado herramientas de análisis predictivo, aunque con limitada transparencia sobre sus alcances.
En Jalisco, el gobierno ha apostado por posicionarse como un nodo tecnológico, articulando gobierno, academia e iniciativa privada para impulsar soluciones concretas. En el ámbito educativo, por ejemplo, se han desarrollado plataformas con analítica de aprendizaje que permiten identificar rezagos y personalizar contenidos. En movilidad, la incorporación de sistemas inteligentes para optimizar rutas y tiempos en el transporte público ha contribuido a una gestión más eficiente en la metrópoli, apoyada en datos en tiempo real.
En seguridad pública, el sistema de video vigilanciaestatal ha integrado capacidades de análisis automatizado que permiten detectar patrones y mejorar la respuesta ante incidentes. A ello se suma el avance en gobierno digital, donde la implementación de chatbots y sistemas automatizados ha reducido tiempos de atención y simplificado trámites, acercando la administración pública a los ciudadanos. El valor de estas acciones radica en su visibilidad: son soluciones que, con sus limitaciones, impactan directamente en la experiencia cotidiana.
La comparación entre ambos niveles de gobierno revela un contraste estructural. Mientras la federación actúa como un gran articulador con capacidad de escala, Jalisco funciona como un laboratorio de innovación aplicada. El riesgo en México es que sin una estrategia coordinada, los estados con mayores capacidades tecnológicas como Jalisco avanzarán más rápido, mientras otras quedarán rezagadas, ampliando la brecha digital. A ello se suma un reto transversal: la necesidad de garantizar transparencia, protección de datos y rendición de cuentas en el uso de estas tecnologías.
La inteligencia artificial no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Su verdadero valor radica en su capacidad para hacer más eficiente el gobierno, reducir tiempos, anticipar problemas y ofrecer mejores servicios. Pero para que esto ocurra, es indispensable que exista una visión compartida entre niveles de gobierno, acompañada de inversión, capacitación y evaluación constante.
Los gobiernos, deben asumir el compromiso de cerrar la brecha digital y garantizar que la inteligencia artificial no sea un privilegio de unos cuantos, sino una herramienta útil, accesible y orientada al bienestar colectivo. La tecnología debe servir para simplificar la vida de las personas, no para complicarla ni excluirlas. Apostar por una inteligencia artificial al servicio de todos no es sólo una opción; es una obligación pública ineludible.
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