Redacción.- La regidora de la fracción del PRI en Tlaquepaque, Regina Martínez, acudió este lunes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para presentar una denuncia formal por presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de luminarias que asciende a los 45 millones de pesos. Acompañada por la dirigente estatal del partido, Laura Haro Ramírez, la regidora calificó el proceso como un “madruguete”, señalando que la licitación se efectuó durante el periodo vacacional de Semana Santa para evadir el escrutinio público y favorecer a una empresa que cuenta con antecedentes de sanciones a nivel federal.
De acuerdo con la denuncia, la Comisión Técnica de Asignación de Contratos —donde participan la presidencia municipal, la Secretaría General, la Sindicatura y la Contraloría— avaló el gasto sin que existiera un proyecto técnico sólido. Entre los puntos críticos señalados destacan la falta de transparencia, ya que los regidores no recibieron información sobre el costo unitario de las lámparas ni el número total de unidades a instalar, además de la ausencia de planeación al no especificarse las colonias beneficiadas ni el cronograma de ejecución. Regina Martínez sentenció que no saben cuánto cuestan ni dónde se van a instalar, pero aun así ya asignaron casi 45 millones de pesos.
Este proceso contraviene diversos puntos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco. En primera instancia, el Artículo 35 obliga a contar con planeación y presupuestación autorizada antes de convocar, requisito incumplido al carecer de un anexo técnico. Asimismo, el Artículo 22 prohíbe contratar empresas inhabilitadas o sancionadas, mientras que el Artículo 2 exige contrataciones abiertas y transparentes, principio vulnerado ante el bloqueo sistemático de expedientes denunciado por la regidora.
Por su parte, Laura Haro Ramírez respaldó la acción legal tras agotar las instancias administrativas en la Contraloría Municipal y la del Estado sin obtener respuesta. Al recurrir a la vía penal, se busca determinar responsabilidades por el uso indebido de atribuciones y facultades, ya que según el Artículo 24 de la ley estatal, los actos realizados en contravención a la normativa son nulos y generan responsabilidad para quienes los formulen. Las representantes hicieron un llamado a las autoridades ministeriales para que se investigue a fondo la cadena de mando que aprobó esta licitación sin el respaldo técnico exigido por la ley.
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