Por Manuel Carranza
Hay decisiones que no sólo se toman…Se padecen.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un asunto técnico.
Es una advertencia directa a cualquier ciudadano.
Porque la pregunta ya no es jurídica…Es personal.
¿Qué va a pasar cuando tus cuentas estén congeladas?
NO PUEDES HACER NADA
No puedes pagar renta.
No puedes cubrir una hipoteca.
No puedes operar un negocio.
No puedes cumplir con tus obligaciones.
Y lo más grave:
No puedes acceder a tu dinero.
Y tampoco puedes recuperarlo en el corto plazo.
Hoy, el Ejecutivo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene una facultad ampliada para bloquear cuentas bajo criterios amplios, basados en sospechas, sin un control judicial previo efectivo.
Y si decides defenderte, te enfrentas a otro muro:
Ya no puedes obtener una suspensión inmediata en un juicio de amparo.
El resultado es brutal:
Puedes pasar meses o incluso años sin acceso a tus propios recursos, aun sin haber sido declarado culpable.
DE LA SOSPECHA AL CASTIGO.
Conviene entenderlo con claridad:
Recibir un depósito (incluso si es inusual) no constituye un delito.
El lavado de dinero requiere pruebas, investigación y acreditación de conductas específicas.
Sin embargo, bajo el nuevo criterio, basta con que una operación sea considerada “sospechosa” para detonar el congelamiento total de los recursos.
Sin sentencia.
Sin proceso previo.
Sin defensa efectiva en el momento.
Eso, en los hechos, convierte una sospecha en castigo.
LO QUE SE PERDIÓ.
Hasta hace poco, existían límites claros:
El bloqueo debía estar vinculado a solicitudes internacionales debidamente sustentadas.
El ciudadano podía acudir al amparo y recuperar el acceso a su dinero mientras se resolvía el caso.
Hoy, esas protecciones han desaparecido.
La Corte decidió abandonar esos criterios.
Y sí, tiene la facultad legal para hacerlo.
Pero también es cierto que esa facultad se ejerce, o debería ejercerse, con extrema cautela.
Porque cuando una Corte cambia criterios que daban certeza, lo que genera es incertidumbre jurídica.
Por eso la pregunta de fondo no es si podía hacerlo.
Es mucho más simple y mucho más grave:
¿por qué hacerlo ahora…Y con qué consecuencias para millones de personas?
LO QUE EL MUNDO SÍ HACE… Y AQUÍ NO.
En sistemas donde el Estado de derecho funciona, el procedimiento es claro:
La autoridad investiga.
Presenta pruebas ante un juez.
Un juez independiente evalúa y decide.
Se garantiza el derecho de defensa.
Ese es el estándar internacional.
Aquí no…
Aquí el Ejecutivo puede actuar por sí mismo, sin ese contrapeso inmediato.
Y cuando se elimina ese filtro, lo que queda es una facultad amplia…Y profundamente riesgosa.
CUANDO LA IDEOLOGÍA ENTRA A LA CORTE.
El debate dejó ver algo aún más preocupante.
Posturas como las expresadas por la ministra María Estela Ríos introducen argumentos ideológicos en una discusión que debía ser estrictamente constitucional.
Porque aquí no se debatía quién tiene más o menos.
Se debatía si el Estado puede intervenir el patrimonio sin garantías.
Y cuando ese tipo de razonamientos entra en el máximo tribunal, la preocupación deja de ser técnica…
Se vuelve institucional.
UN PODER SIN CONTRAPESO.
Esta decisión no ocurre en el vacío.
Se da en un contexto donde ya existen tensiones entre el poder y:
Periodistas, Organizaciones Civiles, Voces críticas.
En ese escenario, otorgar una facultad tan amplia, discrecional y sin control judicial inmediato abre la puerta a un riesgo evidente:
Su posible uso como herramienta de presión.
No se trata de suponer abusos.
Se trata de entender que ahora es posible.
Y eso, por sí solo, es suficiente para encender las alarmas.
UNA VULNERABILIDAD PARA TODOS.
Hay un punto que lo resume todo:
Nadie controla quién puede hacer un depósito en su cuenta.
Bajo este esquema, cualquier persona podría recibir un movimiento inesperado (incluso por error) y quedar sujeta a una sospecha que derive en el congelamiento total de sus recursos.
Eso rompe un principio básico:
La presunción de inocencia.
Y coloca al ciudadano en una posición de indefensión frente al Estado.
El problema no es que el estado combata el crimen.
El problema es cómo lo hace.
Porque cuando, en nombre de ese combate, se eliminan controles, se debilitan derechos y se concentra el poder, lo que está en juego ya no es sólo la eficacia del gobierno.
Es la seguridad de los ciudadanos.
Hoy no se trata de delincuentes.
Se trata de la posibilidad de que cualquiera pueda ser tratado como tal… Sin haber sido probado.
Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser garantía.
Se convierte en incertidumbre.
Opinar es cuestionar, pero también construir.
Manuel Carranza.
#MCarranza
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