Emilio Ulloa
En toda sociedad que aspire a la justicia, la educación no puede ser entendida como un servicio accesorio ni como un privilegio condicionado por el ingreso o la geografía. La educación es, en sentido profundo, la base material y simbólica del bienestar colectivo: el espacio donde se forman no solo habilidades productivas, sino también conciencias, valores y ciudadanía.
Durante décadas, en México se impulsó una visión reduccionista de la educación. Se le concibió como un instrumento funcional al mercado, subordinando su sentido social a lógicas de eficiencia, evaluación estandarizada y competitividad individual. Bajo ese paradigma, el acceso se amplió, pero la desigualdad persistió; la cobertura creció, pero la deserción reveló sus límites estructurales, especialmente en los sectores más vulnerables.
Hoy sabemos que no basta con que niñas, niños y adolescentes entren a la escuela: el verdadero desafío es que permanezcan en ella y encuentren en la educación una vía real de desarrollo. Las cifras de abandono escolar en secundaria, cercanas al 4%, nos recuerdan que la exclusión no ha sido erradicada, sino desplazada hacia etapas críticas del desarrollo juvenil. Ahí, donde el entorno social, la pobreza y la falta de oportunidades presionan con mayor fuerza, es donde el Estado debe intervenir con mayor decisión.
En este contexto, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha asumido con claridad que la educación es una responsabilidad constitucional indelegable y un eje estratégico del bienestar. No se trata únicamente de sostener el sistema educativo, sino de transformarlo en un instrumento efectivo de igualdad social.
La apuesta es clara: garantizar el derecho a la educación no solo en el discurso, sino en las condiciones materiales que lo hacen posible. Esto implica fortalecer la infraestructura, revalorizar al magisterio y, de manera fundamental, apoyar directamente a las familias para que la permanencia escolar no dependa de su capacidad económica.
Es aquí donde programas como la Beca Rita Cetina adquieren un significado profundo. Más allá de su dimensión presupuestal, esta beca representa una redefinición del papel del Estado frente a la educación básica. Su propósito es simple pero contundente: asegurar que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos.
Al otorgar apoyos económicos directos para estudiantes de primaria y secundaria, la beca atiende una de las causas estructurales de la deserción: la precariedad económica de los hogares. En un país donde millones de familias enfrentan dificultades para cubrir gastos tan básicos como útiles o transporte, este tipo de políticas no son asistencialismo, sino condiciones mínimas de equidad.
Pero su alcance va más allá de lo inmediato. La Beca Rita Cetina contribuye a sostener trayectorias educativas completas, particularmente en la transición hacia la secundaria, donde el abandono se incrementa. En ese sentido, no solo apoya a estudiantes; protege el futuro social del país.
Asimismo, este tipo de programas refuerzan una concepción de la educación como derecho universal. En el caso de primaria, su carácter prácticamente generalizado rompe con la lógica de focalización extrema que durante años fragmentó la política social. Aquí, el mensaje es distinto: la educación no se condiciona, se garantiza.
No obstante, asumir la educación como eje del bienestar también implica reconocer los desafíos pendientes. La calidad educativa, la formación docente y la pertinencia de los contenidos siguen siendo campos de disputa y construcción. Ningún programa por sí solo resolverá las tensiones estructurales del sistema educativo.
Sin embargo, lo que resulta innegable es el cambio de enfoque. Se ha transitado de una política educativa centrada en el control y la evaluación, a una que coloca en el centro a las personas: estudiantes, docentes y comunidades.
La educación, entendida como formación de ciudadanía, es el espacio donde se construye el sentido de lo público, donde se aprende a convivir, a cuestionar y a participar. Sin ella, no hay democracia sustantiva posible. Por ello, cada esfuerzo por garantizar su acceso y permanencia es, en última instancia, una inversión en la estabilidad y el desarrollo del país.
Hoy, México enfrenta la oportunidad de consolidar un modelo educativo que no solo forme trabajadores, sino ciudadanos críticos, solidarios y conscientes de su realidad. En esa tarea, el compromiso del Estado no puede ser parcial ni intermitente: debe ser permanente, profundo y transformador. La educación no es un gasto, es la raíz del bienestar: asumirlo así no es una opción política, sino una obligación histórica.
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