Manuel Carranza
La reciente presentación de cifras sobre personas desaparecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y su funcionaria Marcela Figueroa no fue un acto de transparencia, sino una operación de maquillaje estadístico que pretende reducir la tragedia nacional de más de 130,000 casos a una cifra de 43,128. Esta maniobra no solo desconoce el dolor de miles de familias, sino que revela una estrategia deliberada para ocultar la ineptitud del régimen morenista y la posible complicidad con grupos delincuenciales que son los principales responsables de esta crisis humanitaria, una realidad que cobra especial crudeza en estados como Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Tabasco, donde las fosas clandestinas y la corrupción han alcanzado niveles alarmantes.
Lo que amplifica aún más el dolor es la indiferencia, el desdén y el rechazo manifiesto de Claudia Sheinbaum ante los reclamos de las familias buscadoras. En múltiples ocasiones, las peticiones de audiencia son desestimadas de manera que suena a burla: Mientras la presidenta se niega rotundamente a recibirlas, la Secretaría de Gobernación solo acude a encuentros con funcionarios de 5º o 6º nivel que dedican poco más de un rato formal a sus testimonios.
En algunos casos, como ha sido documentado por cuentas verificadas de colectivos en redes sociales y reportajes de Radio Universidad de Guadalajara, los integrantes de estas familias han sido recibidos incluso por personal de portería en las entradas de dependencias oficiales, sin siquiera lograr que sus peticiones lleguen a instancias de decisión. Esta actitud no es solo un abandono institucional, sino un desprecio hacia ciudadanos en desgracia que buscan apenas una pista, un restos, una respuesta sobre sus seres queridos.
LA MANIPULACIÓN COMO ESTRATEGIA.
El momento elegido para divulgar estos datos un viernes previo a las vacaciones de Semana Santa…
No es casual, como han destacado medios como La Jornada (prensa escrita), Radio Fórmula (medio radial) y CNN México (televisión y digital). Esta elección busca evitar el escrutinio público, demostrando una cobardía política que prioriza administrar la percepción sobre resolver el problema.
La estratagema de dividir el registro en categorías, donde el 36% de los casos es calificado como «con datos insuficientes», es una confesión de fracaso institucional disfrazada de rigor técnico. Según investigaciones de plataformas digitales como Animal Político y redes sociales verificadas de colectivos de buscadoras, esta clasificación prepara el terreno para eliminar definitivamente esas entradas del conteo oficial, ejecutando una «segunda desaparición» administrativa. En estados como Jalisco y Tamaulipas, esta práctica se suma a la ya extensa lista de irregularidades documentadas por Mural (prensa local de Guadalajara) y El Norte de Ciudad Juárez (con cobertura en Tamaulipas).
LA CONTRADICCIÓN MATEMÁTICA QUE DENUNCIA LA VERDAD.
El régimen intenta convencer a la sociedad de que la crisis es manejable, pero la realidad forense desmiente esta narrativa. Como ha reportado Milenio Televisión y el portal SinEmbargo.mx, en los servicios médicos forenses (SEMEFO) del país se acumulan más de 72,000 cadáveres sin identificar, un número superior a la cifra oficial de desaparecidos que ahora presenta el gobierno.
Esta desconexión es especialmente grave en Jalisco: Según reportajes de Radio Universidad de Guadalajara y el colectivo «Madres Buscadoras de Jalisco», se han localizado más de 600 fosas clandestinas en el estado desde 2018, con centenares de restos aún sin identificar, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Tamaulipas, medios como El Mañana y plataformas digitales especializadas como Borderland Beat han documentado que las fosas clandestinas son una práctica sistemática de grupos delincuenciales, con más de 800 sitios detectados en los últimos cinco años y miles de personas desaparecidas en zonas como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. En Guerrero, donde el crimen organizado ejerce un control efectivo en vastas regiones, Proceso y Ríodoce han reportado que se han encontrado más de 1,200 fosas desde 2014, con casos emblemáticos como los 43 normalistas de Ayotzinapa que aún no tienen justicia.
La mención de que un 31% de los reportados tuvo «actividad oficial posterior» —como vacunarse o votar— es una herramienta que revictimiza a las familias. En Veracruz, donde la corrupción ha sido denunciada por medios como La Verdad de Xalapa y organismos de derechos humanos, se ha comprobado que el robo de identidad y la manipulación de registros estatales son comunes entre grupos criminales y funcionarios colaboradores. En Tabasco, El Heraldo de Tabasco ha documentado que al menos 200 fosas han sido detectadas en la última década, con una clara falta de acción por parte de las autoridades locales controladas por el régimen morenista.
PARÁLISIS INSTITUCIONAL Y COMPLICIDAD.
La existencia de solo 3,869 carpetas de investigación para decenas de miles de casos es el testimonio del colapso del Estado de derecho, según informes de organismos de derechos humanos y medios como El Universal (prensa) y TV Azteca (televisión).
La centralización del registro en el Secretariado Ejecutivo, al margen del sistema que manejaba la Secretaría de Gobernación, busca controlar el relato y eliminar contrapesos —un hecho que se hace palpable en estados donde las autoridades locales actúan como cómplices de los grupos delincuenciales.
En Jalisco, por ejemplo, Mural ha revelado que funcionarios de la procuraduría estatal han sido vinculados a operaciones del CJNG para ocultar fosas y manipular expedientes.
En Tamaulipas, CNN México ha reportado que elementos policiales han colaborado con cárteles en desapariciones forzadas. En Guerrero, La Jornada ha documentado que el control del crimen organizado en regiones como la Costa Chica y la Montaña es tal que las autoridades no se atreven a intervenir en los sitios donde se ubican fosas clandestinas.
La detención de 285 personas por desaparición (frente a más de 130,000 casos) es una cifra ridícula que demuestra una justicia cuentagotas. Como han destacado cuentas verificadas de periodistas especializados en redes sociales y reportajes de Radio Fórmula, esta medida no busca desarticular las redes de complicidad entre agentes estatales y criminales, sino alimentar boletines de prensa. En Veracruz y Tabasco, esta situación se acentúa:
En el primero, La Vanguardia ha señalado que menos del 5% de los casos de desaparición tienen alguna investigación avanzada; en el segundo, El Heraldo de Tabasco ha reportado que las fiscalías no cuentan con recursos ni voluntad para excavar las fosas detectadas.
EL PRECIO DE LA MANIPULACIÓN.
Mientras funcionarios presumen transparencia desde el atril, colectivos de madres buscadoras, como «Madres Buscadoras de Jalisco», «Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Tamaulipas», «Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Guerrero», «Mothers of Veracruz» y «Colectivo de Buscadoras de Tabasco», han sido documentados por La Crónica de Hoy y plataformas digitales como Quinto Elemento Lab enfrentándose a amenazas, bloqueos de autoridades y violencia directa de carteles.
El régimen intenta cooptar la narrativa de la búsqueda, pero campos de exterminio como el de La Bartolina en Tamaulipas, los de Tlapa en Guerrero, los de Boca del Río en Veracruz, los de Zapopan en Jalisco y los de Villahermosa en Tabasco desmienten cualquier informe oficial.
La comunidad internacional también ha tomado nota: Organismos como la ONU y medios como The New York Times (con cobertura en español) han señalado que México enfrenta el estigma de ser un epicentro mundial de desapariciones, con estos cinco estados como los más críticos. La administración estadounidense, según reportajes de Forbes México y transmisiones de Fox News Latino, observa con desconfianza a un país donde la manipulación de datos refuerza la percepción de un «narcoestado» con fronteras porosas y regiones enteras controladas por el crimen organizado.
Esta repulsión ante los reclamos de las familias es la cara más cruda de un régimen que prefiere cerrar las puertas a quienes piden justicia que enfrentar la realidad de su fracaso. Cuando Claudia Sheinbaum se niega a recibirlas y reduce sus demandas a encuentros con funcionarios de bajo nivel o incluso a la indiferencia del personal de entrada, no solo ignora el dolor colectivo, sino que confirma que su gobierno es una fortaleza impenetrable para quienes no se ajustan a su narrativa oficial.
La impunidad en México supera el 99%, según cifras de organizaciones como Amnesty International y reportajes de Proceso. Esta realidad no se cambia redefiniendo estadísticas; requiere voluntad política que el régimen morenista ha demostrado no tener. Las familias buscadoras de Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Tabasco no son adversarias políticas, sino ciudadanas que piden justicia. El gobierno puede elegir sus cifras, pero no puede borrar la memoria de las víctimas ni la realidad que se escarba cada día en la tierra de estos estados.
Así pues amable lector, mientras la autoridad desestima el número de desaparecidos, las cifras de los mismos ascienden a un número escalofriante…
En mi nada humilde opinión…
#MCarranza
La Verdad Jalisco.
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