
Por: Jorge Eduardo García Pulido
La ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero ha dejado de ser una operación limitada para transformarse en una guerra de mayor alcance que amenaza la estabilidad energética global. Aunque el objetivo inicial de Washington y Tel Aviv era provocar un colapso político en Teherán mediante la eliminación del ayatolá Ali Khamenei, el sistema iraní demostró una capacidad de continuidad institucional inmediata con el nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo. Este movimiento, lejos de debilitar al régimen, ha compactado sus estructuras internas bajo una postura más rígida frente a Occidente y un marcado escepticismo hacia previos acuerdos nucleares.
En el terreno de los hechos, la escalada militar ha derivado en una guerra de desgaste con un costo humano devastador que ya supera los 1,700 muertos, incluyendo episodios críticos como el bombardeo de una escuela de niñas en la provincia de Juzestán con misiles de fabricación estadounidense. La destrucción ha alcanzado infraestructuras industriales y centros de procesamiento petroquímico en Teherán, Isfahán y Bandar Abbas, buscando alterar la base productiva del país. No obstante, Irán ha respondido con una estrategia asimétrica mediante el uso de drones y misiles de precisión, obligando a países del Golfo como Baréin y Kuwait a suspender operaciones portuarias e industriales ante la incertidumbre de los ataques.
El conflicto se ha desplazado hacia el estrecho de Ormuz, la principal arteria del sistema energético mundial por donde circula el 20% del consumo global de crudo. La Guardia Revolucionaria ha advertido que el control de este corredor podría condicionarse a la posición diplomática de los países frente a la guerra, lo que ha disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril. Este escenario pone en riesgo el sistema del petrodólar y presiona a las economías europeas, las cuales dependen en un 97% de las importaciones de petróleo y comienzan a considerar la necesidad de restablecer vínculos energéticos con Rusia ante la escasez proyectada.
A pesar de que el presidente Donald Trump ha afirmado que la guerra está casi terminada, la realidad en el campo de batalla y en los mercados financieros sugiere lo contrario. Washington ha tenido que buscar diálogos con Moscú para intentar gestionar el impacto en el mercado petrolero, revelando que los efectos económicos han excedido los cálculos iniciales de la Casa Blanca. Mientras tanto, Teherán mantiene una postura de firmeza, advirtiendo que la fase de mayor intensidad del conflicto aún no ha comenzado y que no retomarán conversaciones con un gobierno que responde a acuerdos previos con ataques militares. El desenlace de esta confrontación en Eurasia determinará si Estados Unidos puede sostener su influencia o si, como sugieren los analistas, este conflicto marcará el fin de su dominio internacional.
Implicaciones y afectaciones para México., La prolongación del conflicto en el Golfo Pérsico coloca a México en una posición de vulnerabilidad y oportunidad ambivalente. En el ámbito macroeconómico, el incremento en los precios internacionales del petróleo supone un aumento en los ingresos por exportación de crudo de Pemex; sin embargo, este beneficio se ve rápidamente neutralizado por el costo de importación de gasolinas y gas natural, del cual el país mantiene una dependencia crítica. La volatilidad del mercado energético global presiona directamente los subsidios a los combustibles, lo que podría derivar en presiones inflacionarias internas que afecten el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Por otro lado, la inestabilidad financiera y la búsqueda de activos refugio fortalecen al dólar, generando una presión adicional sobre el tipo de cambio del peso mexicano. En términos geopolíticos, la postura de Washington de solicitar recursos extraordinarios para la guerra y su enfoque en Eurasia podrían desplazar prioridades en la agenda bilateral con México, especialmente en temas de inversión y comercio. La coyuntura obliga al Estado mexicano a fortalecer su soberanía energética y a diversificar sus relaciones comerciales para mitigar los efectos de una economía de guerra que, aunque geográficamente distante, impacta de manera directa en los costos de vida y la estabilidad financiera nacional.
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