Gobierno y transportistas evitan el paro, pero no acuerdan tarifa
Por la redacción, La verdad Jalisco
La amenaza de un colapso en la movilidad del estado se ha disipado, al menos por ahora. Tras intensas negociaciones a puerta cerrada, el Gobierno y los gremios de transportistas lograron pactar una tregua que deja en suspenso el paro estatal, aunque el fondo del conflicto permanece intacto. El nudo gordiano sigue siendo el costo del pasaje, un tema que ambas partes han decidido postergar pero que continúa generando una presión insostenible sobre el sistema de transporte público.
Mientras las autoridades celebran la continuidad del servicio como una victoria del diálogo, en los pasillos del sector transportista el sentimiento es de una paz frágil. La exigencia de una actualización no es un capricho, sino la respuesta a una realidad económica marcada por el aumento constante de insumos. En este escenario, el concepto de «tarifa técnica» ha cobrado un protagonismo crítico. Según los estudios de costos de operación, esta tarifa debería situarse ya en los 12 pesos —e incluso proyecciones recientes la elevan hasta los 14 pesos— para garantizar la viabilidad financiera de las empresas. Sin embargo, existe un abismo entre lo que cuesta mover una unidad y lo que el ciudadano puede pagar.
Esta brecha entre la tarifa técnica de 12 pesos y la tarifa social vigente es el epicentro de la crisis. Para el Ejecutivo, autorizar un incremento que iguale el costo real de operación sería un suicidio político y un golpe devastador para la economía de las familias jaliscienses. Por otro lado, mantener el precio artificialmente bajo sin un esquema de subsidios robusto y transparente está asfixiando a los concesionarios, quienes advierten que la falta de utilidades se traduce directamente en el deterioro de las unidades y la baja frecuencia de paso.
Esta situación golpea con especial dureza a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la dependencia del transporte público es absoluta para la productividad de la ciudad. El déficit entre el costo real y el cobrado se manifiesta diariamente en rutas saturadas, tiempos de espera interminables y unidades que, lejos de la modernidad prometida, evidencian el desgaste de un modelo financiero agotado. La administración apuesta por ganar tiempo con promesas de subsidios para amortiguar el impacto, pero la realidad es que el conflicto ha sido suspendido apenas por alfileres. Sin un acuerdo real que equilibre la rentabilidad técnica con la justicia social, el usuario tapatío queda atrapado en una incertidumbre permanente, esperando a que la bomba de tiempo económica finalmente estalle o se encuentre una salida que no sacrifique ni la economía familiar ni la viabilidad de nuestra metrópoli.
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