Por Amaury Sánchez
La reciente implementación de una tarifa diferenciada en el transporte público de Jalisco —que implica pagar $14 pesos para quienes no utilicen la llamada tarjeta “naranja”— abre un debate que trasciende lo tarifario y se instala en el terreno constitucional y político.
El punto central no es tecnológico ni administrativo. Es jurídico y simbólico:
¿Puede el acceso a una tarifa preferencial condicionarse a la adopción de un instrumento administrativo?
Derecho a la movilidad: marco constitucional
La movilidad es reconocida como derecho en el artículo 4º de la Constitución y desarrollada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Su carácter es universal.
Si bien el Estado puede establecer mecanismos de eficiencia operativa —tarjetas inteligentes, digitalización, control de flujo— debe garantizar que dichos instrumentos no generen una desigualdad material en el acceso.
Cuando la diferencia económica recae sobre quien decide no adherirse al esquema, la medida deja de ser neutra y comienza a adquirir naturaleza punitiva.
En términos jurídicos, el análisis pasa por tres filtros:
Proporcionalidad
Necesidad
No discriminación indirecta
Si existían mecanismos menos restrictivos para mantener la tarifa general sin imponer un costo adicional a quienes no tramiten la tarjeta, el esquema enfrenta cuestionamientos constitucionales.
Subsidio público y principio de no condicionamiento
El transporte público recibe subsidios financiados con recursos públicos. Dichos recursos no son concesiones políticas; son presupuesto aprobado para garantizar un servicio esencial.
Condicionar el acceso a una tarifa menor implica vincular un beneficio financiado colectivamente a una decisión administrativa individual.
El debate no es si la tecnología es útil. El debate es si el ciudadano puede pagar más por no adoptarla.
Desde la perspectiva de política pública, el diseño actual genera una estructura de incentivo coercitivo:
no obliga formalmente, pero penaliza económicamente la no adhesión.
Impacto económico y social
Para usuarios frecuentes —trabajadores, estudiantes y jefas de familia— la diferencia acumulada mensual es significativa. El transporte no es gasto marginal; es herramienta diaria de productividad.
Más allá del impacto económico, emerge un elemento político relevante: el malestar silencioso.
Diversos ciudadanos han expresado inconformidad en privado, pero evitan posicionamientos públicos por temor a estigmatización o confrontación política. Este fenómeno suele preceder escenarios de judicialización.
El frente legal: amparos y precedente
La Fundación Somos Manos Tapatías ha planteado la posibilidad de promover amparos individuales y colectivos, argumentando que el dinero público no puede condicionarse y que los derechos no son negociables.
De prosperar la vía judicial, el conflicto pasaría de la arena mediática a la constitucional.
Ese traslado modifica el equilibrio político:
Una suspensión provisional alteraría la implementación.
Una sentencia adversa generaría precedente nacional.
El costo reputacional podría superar el beneficio administrativo inicial.
En política pública, judicializar un tema socialmente sensible suele amplificarlo.
Estrategia gubernamental y cálculo político
El gobierno estatal ha intentado desplazar la conversación hacia otros temas coyunturales, una estrategia habitual para administrar controversias.
Sin embargo, cuando el conflicto se centra en el bolsillo y en la percepción de trato desigual, la narrativa enfrenta límites.
La pregunta estratégica es si el ahorro operativo y el control administrativo compensan el riesgo político de ser percibido como un gobierno que condiciona derechos.
Conclusión
El debate sobre la tarjeta “naranja” no es tecnológico ni partidista. Es institucional.
Si el derecho a la movilidad es universal, el diseño tarifario debe reflejar esa universalidad sin crear categorías de acceso económico diferenciadas.
En el corto plazo, la medida puede sostenerse.
En el mediano plazo, si escala al terreno judicial, puede transformarse en un precedente sobre los límites del condicionamiento administrativo en servicios públicos esenciales.
En política, no todos los conflictos son proporcionales a su costo inicial. Algunos se convierten en símbolos.
Y los símbolos, cuando tocan derechos y bolsillo, suelen tener mayor vida que los periodos de gobierno.
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