Jorge Eduardo García Pulido.
El panorama laboral en México al cierre de 2025 y con prospectiva al 2026 revela una realidad preocupante en la que el acceso a una ocupación no es sinónimo de bienestar social. De acuerdo con el análisis del Equipo de Asesores del PT-CEN, basado en datos de la OIT y el INEGI, el mercado de trabajo nacional ha consolidado una estructura donde la estabilidad convive con márgenes de vulnerabilidad económica extremos.
La cifra de población ocupada alcanzó los 60.4 millones de personas al finalizar el año pasado, lo que representa un incremento de poco más de un millón de puestos en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, este crecimiento es engañoso. La tasa de informalidad laboral se ubicó en un 54.6%, afectando a casi 33 millones de trabajadores que carecen de seguridad social y protección ante contingencias económicas. Este nivel de informalidad es el más alto registrado para un cierre de año, lo que confirma que el modelo actual prioriza la absorción de fuerza de trabajo sin importar las condiciones de subsistencia.
El deterioro de la calidad del empleo se manifiesta también en la distribución de los ingresos. El 45% de la población ocupada percibe apenas hasta un salario mínimo, mientras que los estratos con ingresos superiores han mostrado una tendencia a la baja. Esta situación acerca a una parte considerable de los trabajadores a la pobreza laboral, donde incluso contando con un empleo formal, los ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Un factor determinante en esta configuración es la disparidad de género. Durante 2025, mientras el empleo para los hombres creció en más de 1.1 millones de plazas, el sector femenino apenas sumó 4,637 nuevos puestos. Esta exclusión de las mujeres del crecimiento económico se suma a las barreras estructurales y a la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado que limita su participación activa en el mercado.
A nivel global, la OIT advierte que la inteligencia artificial y la automatización están profundizando estas brechas, concentrando los beneficios de la productividad en pocas manos mientras se precarizan las tareas de las nuevas generaciones. En México, la integración a las cadenas de valor internacionales bajo un esquema de competitividad basado en bajos costos laborales ha limitado la transición hacia actividades de mayor valor agregado.
Ante la próxima revisión del T-MEC y la transformación tecnológica en curso, resulta imperativo colocar la justicia social y la redistribución del ingreso como los ejes motores del desarrollo. La propuesta de reducción de la jornada laboral se presenta como un paso necesario para intentar revertir el estancamiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora en este siglo.
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