Por Amaury Sánchez G.
Hay decisiones administrativas que se presentan como modernización, pero que en el fondo huelen a imposición. No porque incorporen tecnología siempre bienvenida, sino porque olvidan algo elemental: los derechos sociales no se condicionan.
En Jalisco, el debate no gira hoy en torno a si debe o no aumentar la tarifa del transporte público. Ese es otro tema, discutible y legítimo dentro de los márgenes de la política pública. El verdadero problema está en otro lado: condicionar el acceso a un subsidio a la obligación de registrarse en sistemas electrónicos, abrir cuentas bancarias y portar una tarjeta específica. Dicho sin rodeos: convertir un derecho en un trámite.
Para miles de ciudadanos, el subsidio al transporte no es un beneficio accesorio. Es la diferencia entre llegar al trabajo o no llegar; entre asistir a una consulta médica o quedarse en casa; entre cumplir o fallar. Obligar a esas personas trabajadores informales, adultos mayores, ciudadanos sin acceso digital a perder días laborales, trasladarse a sucursales bancarias y someterse a procesos que no dominan no es inclusión: es exclusión administrada.
A este universo de excluidos potenciales se suma otro grupo que suele darse por descontado: los estudiantes. Si bien existe un acuerdo del Gobierno del Estado con la FEU para un tratamiento diferenciado del subsidio, la realidad es que no todas las instituciones educativas están contempladas, particularmente las privadas. Miles de jóvenes quedan en una zona gris: ni plenamente reconocidos ni explícitamente excluidos, pero igualmente obligados a cumplir requisitos diseñados sin tomar en cuenta su realidad.
Frente a este escenario aparece un actor que no suele ocupar titulares, pero que hoy asume un papel incómodo para el poder: la Fundación Somos Manos Tapatías, encabezada por su presidente, el maestro José de Jesús Salazar Zazueta. No para litigar la tarifa ni para confrontar políticamente al Estado, sino para algo más básico y, quizá por eso, más profundo: defender el derecho de los usuarios a no ser condicionados.
La fundación ha anunciado la presentación de un amparo colectivo federal, enfocado exclusivamente en la obligatoriedad del registro y del uso de tarjetas para acceder al subsidio. No se trata de negar la posibilidad de ajustes tarifarios el propio Salazar Zazueta lo reconoce con claridad, sino de algo distinto: el Estado no puede imponer un camino único cuando ese camino deja fuera a los más vulnerables.
El amparo, además, tiene una característica poco común en tiempos donde todo se cobra: será completamente gratuito. Sin costos por copias, sin gastos de traslado, sin honorarios ocultos. La fundación acompañará a los ciudadanos para que sea la justicia federal y no la narrativa oficial ni la urgencia administrativa la que determine si existe o no una violación a derechos fundamentales.
El fondo del asunto es jurídico, pero también ético. ¿Puede el Estado exigir a un ciudadano que se bancarice para acceder a un servicio público subsidiado? ¿Puede obligarlo a manejar herramientas digitales cuando sabe que una parte importante de la población no tiene acceso ni capacitación? ¿Puede convertir un apoyo social en un filtro tecnológico?
La respuesta no la dará una conferencia de prensa. La dará un juez. Y eso, en un país donde la política suele atropellar al ciudadano antes de explicarle, ya es una ganancia democrática.
Habrá quien argumente que la tarjeta del color que sea, ordena, transparenta y eficientiza. Puede ser, pero ninguna eficiencia administrativa justifica la exclusión social, el progreso no se mide por cuántas plataformas se implementan, sino por cuántas personas logran subir al camión sin ser discriminadas por su condición económica o digital.
En ese contexto, el amparo colectivo no es una provocación: es un recordatorio. Un aviso de que los derechos no se programan ni se descargan: se respetan.
Quizá el transporte suba. Quizá el subsidio cambie. Eso forma parte de la discusión pública. Lo que no debería discutirse es si un adulto mayor debe aprender banca electrónica para ejercer un derecho básico, o si un trabajador informal debe pedir permiso en su empleo para cumplir un requisito que nunca pidió.
La pregunta final no es tecnológica, es política: ¿por qué el Gobierno del Estado eligió este modelo por encima de opciones más directas y accesibles para garantizar el subsidio? ¿Por qué no se discutió previamente con la sociedad civil organizada, con usuarios y especialistas, antes de imponer un esquema que condiciona el derecho a moverse?
Cuando las decisiones públicas se toman sin escuchar a quienes caminan, esperan y pagan el transporte todos los días, la modernización deja de ser avance y empieza a parecer imposición.
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