Por Jorge Eduardo García Pulido
La construcción del Estado-nación en México no fue producto de un pacto social terso, sino el resultado de una colisión violenta entre dos visiones de mundo que lucharon por definir la identidad política del país. Más allá de la pólvora y las estrategias militares que caracterizaron al siglo XIX, la verdadera batalla por la legitimidad se libró en el terreno de lo simbólico. Fue una guerra donde dos estandartes femeninos, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios, funcionaron como las banderas ideológicas de dos proyectos de nación irreconciliables.
Es fundamental comprender que la fractura política de la época no solo dividió ejércitos, sino que instrumentalizó la fe. Por un lado, la Virgen de los Remedios, aquella imagen castrense traída por Hernán Cortés, fue adoptada por la élite virreinal y las facciones conservadoras —vinculadas históricamente a las logias del Rito Escocés— como símbolo de la jerarquía, la tradición hispánica y el orden centralista. Al nombrarla «Generala de los Ejércitos Realistas», el virreinato intentó contener la insurgencia popular mediante la autoridad divina. En contraposición, las facciones liberales y los insurgentes, asociados posteriormente con el Rito de York, encontraron en la Virgen de Guadalupe no solo un ícono religioso, sino la herramienta política perfecta para la cohesión social: un símbolo de identidad nativa capaz de unificar a una población heterogénea frente a la corona española.
Este uso político de lo sagrado tuvo su epicentro en un lugar clave: el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, Guanajuato. Conocido como la «Capilla Sixtina de América» por su riqueza pictórica y barroquismo, este recinto no era un simple templo, sino un bastión del pensamiento novohispano. Atotonilco había servido históricamente como refugio espiritual e intelectual de la Compañía de Jesús. Los jesuitas, antes de su expulsión, operaron como una verdadera vanguardia intelectual, una suerte de «masonería blanca eclesiástica» que, a través de la educación rigurosa y la teología crítica, sembró las bases del pensamiento ilustrado en el Bajío. Fue en este ambiente, cargado de la sofisticación intelectual jesuítica, donde Miguel Hidalgo tomó el estandarte guadalupano, comprendiendo que para movilizar a las masas se requería fusionar la estrategia política con la devoción popular.
La disputa entre estos símbolos evidenció una grieta profunda que eventualmente llevaría a la ruptura institucional entre la Iglesia Católica y la Masonería. La excomunión de la orden masónica, formalizada desde el Vaticano mediante encíclicas como la Humanum Genus, no fue un conflicto meramente dogmático, sino una respuesta de supervivencia política. La Iglesia identificó en las logias una estructura de poder paralela, un «Estado dentro del Estado» que promovía el naturalismo racionalista y amenazaba su hegemonía secular. En México, esta tensión estalló cuando el liberalismo triunfante, tras la Restauración de la República, tradujo sus principios filosóficos en legislación positiva.
Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 no fueron otra cosa que la secularización radical del Estado, impulsada por una generación de liberales que buscaba desmantelar el poder temporal del clero. Al decretar la separación Iglesia-Estado, se consumó el cisma: la institución eclesiástica respondió con la excomunión para quienes juraran lealtad a las logias, consolidando una división social que perduraría por décadas. En retrospectiva, aquella «guerra de vírgenes» y el posterior conflicto entre el poder civil y el eclesiástico fueron los dolores de parto de la modernidad mexicana. Si bien Guadalupe prevaleció como el elemento unificador de la identidad nacional —absorbiendo incluso a los sectores conservadores—, la historia de México quedó marcada por esa lucha por definir si la soberanía residía en el dogma religioso o en la razón de Estado.
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