Jorge Eduardo García Pulido
La trayectoria de Fabiola Loya dentro de las filas de Movimiento Ciudadano no es producto del azar, sino de una construcción política de largo aliento que ha transitado por las curules locales y federales, así como por la operación estratégica en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Es esta misma solvencia la que permitía anticipar que la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan era un paso natural y casi asegurado en su ascenso. No obstante, el escenario político actual se enfrenta a un arbitraje que no permite concesiones por antigüedad o méritos de grupo, exigiendo una visión más profunda de la equidad que trascienda la simple representación numérica.
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ha mantenido una postura inamovible al señalar que la representación política debe ser el vehículo primordial para hacer justicia a los grupos vulnerables. Al afirmar que Zapopan está lista para ser gobernada por una mujer que emane de estos sectores, el órgano judicial aplica una perspectiva de interseccionalidad necesaria. Técnicamente, la interseccionalidad es una herramienta analítica que permite reconocer que las desigualdades no operan de forma aislada. Una mujer no solo experimenta exclusión por su género, sino que esa experiencia se ve profundizada y alterada si se le suma una discapacidad, su pertenencia a pueblos indígenas o su identidad sexagenaria. Esta superposición de identidades crea barreras específicas que el modelo de paridad tradicional ha sido incapaz de derribar, dejando a estas mujeres en un estado de invisibilidad política permanente.
Es innegable que esta resolución «perjudica» a las políticas de siempre; me refiero específicamente a aquellas mujeres que se encuentran dentro del llamado círculo rojo, quienes han consolidado su poder bajo las reglas de la política tradicional. Sin embargo, lejos de ser un retroceso, esto representa una oportunidad invaluable para oxigenar la vida pública. Desde mi perspectiva, resulta paradójico y revelador observar cómo el sentimiento de agravio que Fabiola Loya pudiera experimentar ante la sentencia del tribunal se ha traducido, en sus declaraciones, en una postura discriminante hacia otras mujeres. Al cuestionar la idoneidad de quienes provienen de estos sectores para encabezar el gobierno de Zapopan, se utiliza la misma lógica de exclusión que históricamente ha frenado el avance femenino. Resulta fundamental cuestionar: ¿Sentirse discriminada te otorga el derecho a discriminar a otras por su condición de vulnerabilidad?
El objetivo fundamental de la justicia social y democrática es que todos tengamos la oportunidad de gobernar, garantizando que el origen o la condición no sean utilizados como un techo de cristal insuperable para quienes no forman parte de las élites. Esta resolución del Tribunal Electoral debe entenderse como un acto de reparación histórica que dignifica a la sociedad en su conjunto y no excluye a nadie. Al priorizar el acceso de quienes han sido sistemáticamente relegados de la toma de decisiones, se fortalece un modelo humanistaconstruido desde la raíz social que somos todos. Este modelo no busca privilegios, sino la nivelación de un piso parejo donde la igualdad social sea una realidad tangible y no solo un concepto discursivo. El reconocimiento a este fallo es la validación de un sistema que busca la plenitud democrática a través del respeto a la diversidad humana, asegurando que Zapopan sea un reflejo fiel de la pluralidad y la dignidad de cada uno de sus ciudadanos.
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