Por Carlos Anguiano
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La seguridad en México vive un momento decisivo. En el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, los datos oficiales muestran avances importantes en la reducción de homicidios y en el desmantelamiento de estructuras criminales. Sin embargo, el país continúa atrapado entre luces y sombras: una evidente disminución estadística de la violencia homicida convive con una profunda percepción ciudadana de inseguridad, con delitos que persisten o mutan, y con regiones donde la paz sigue siendo frágil. En el centro de esta dinámica compleja se encuentra la figura de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, cuya labor ha sido clave para sostener una estrategia que requiere continuidad, inteligencia y firmeza.
El gobierno ha informado una reducción significativa en homicidios —algunos reportes hablan de disminuciones que oscilan entre 24% y 32% en comparación con el año anterior—, además de decomisos históricos de drogas, armas y laboratorios clandestinos. Estos resultados no surgen por inercia: responden a una línea de trabajo que García Harfuch, consolidó desde su experiencia previa en la Ciudad de México y que ahora aplica a nivel nacional. Su sello ha sido claro: operaciones quirúrgicas, inteligencia efectiva, coordinación interinstitucional y un enfoque que busca golpear estructuras completas, no solo responsables inmediatos.
Pero la fotografía completa es más compleja. México sigue siendo un país donde más del 60% de la población se siente insegura en su ciudad, según las mediciones más recientes del INEGI. Esa brecha entre lo que muestran las estadísticas y lo que siente la gente es una herida abierta: la percepción ciudadana no cambia solo con cifras, sino con experiencias cotidianas. Y en muchas zonas del país, esas experiencias siguen marcadas por extorsiones, desapariciones, cobro de piso, narcomenudeo y enfrentamientos locales entre grupos criminales.
El reto, entonces, no consiste solo en reducir homicidios —un logro real que merece reconocimiento— sino en transformar la vida diaria de millones de mexicanos que aún no perciben esa mejoría. La violencia es cada vez más fragmentada y territorial; ya no responde únicamente a grandes cárteles monolíticos, sino a una constelación de grupos locales con economías criminales diversas. Esa descentralización del crimen obliga a una estrategia mucho más fina, capaz de adaptarse a realidades distintas en cada entidad.
Aquí es donde cobra relevancia la presencia de García Harfuch en el gabinete. Su estilo operativo, respaldado por indicadores verificables, ha logrado avances visibles en zonas críticas, y su capacidad para integrar fuerzas federales y locales resulta crucial. Sin embargo, incluso el mejor diseño de seguridad tropieza con límites estructurales: la impunidad judicial, la corrupción local, la debilidad de algunas policías municipales y la falta de capacidades en fiscalías estatales. Ninguna estrategia federal puede avanzar plenamente si esos actores no se fortalecen.
Por eso es fundamental entender los avances desde una mirada integral. Sí, los indicadores muestran progresos; sí, la estrategia está generando resultados; y sí, la conducción de García Harfuch aporta un elemento indispensable de continuidad y especialización. Pero también es cierto que México no puede permitirse triunfalismos anticipados. Reducir homicidios es un primer paso, no el punto final. Los “otros” delitos —los que destruyen la economía local, los que amedrentan a comerciantes, los que expulsan a familias enteras de sus comunidades— deben incorporarse como prioridad en la misma medida en que lo ha sido la violencia letal.
México está ante una oportunidad histórica: los primeros años de un sexenio pueden definir tendencias a largo plazo. Si se mantienen los esfuerzos, se refuerza la coordinación con fiscalías, se combate la corrupción policial y se impulsa de manera real la prevención social, es posible aspirar a una transformación más profunda. Pero si los logros no se consolidan y si la estrategia pierde coherencia, el riesgo de retrocesos sigue latente.
La ciudadanía necesita resultados sostenidos y verificables, no anuncios aislados. Para ello, se requiere continuidad en la conducción técnica y política de la seguridad, y también un fuerte compromiso institucional de los estados y municipios. En esa ecuación, García Harfuch es hoy una pieza central; no solo por su experiencia y resultados, sino porque representa la posibilidad de una estrategia de Estado, no de coyuntura.
El país ha avanzado, pero las sombras siguen ahí. Lo que importa ahora es no soltar el rumbo. El reto de México no es celebrar lo logrado, sino consolidarlo y ampliarlo. La seguridad no se decreta: se construye todos los días. Y en ese proceso, el liderazgo operativo, la inteligencia, la cooperación interinstitucional y la capacidad para enfrentar la complejidad criminal serán determinantes. Los claroscuros están puestos. La luz ha comenzado a abrirse paso. Falta lo más difícil: mantenerla encendida.
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