Por Amaury Sánchez
El Tío Richie anda enojado. Y cuando el Tío Richie se enoja, tiemblan youtubers, periodistas y hasta los jueces de Jalisco. Esta vez, el magnate de los electrodomésticos a crédito y los intereses sabrosos, Ricardo Salinas Pliego, decidió que su imagen empresarial había sido mancillada por siete personajes de la opinión pública, quienes—según él—osaron difamar a Banco Azteca con rumores de quiebra.
Pero, ¡aguas! Que la respuesta a su ofensiva no vino de un simple chismoso de redes sociales, sino directamente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien, como buena maestra de la mañanera, le recordó que él mismo es concesionario de TV Azteca y que la libertad de expresión se defiende a capa y espada… sobre todo cuando conviene políticamente.
Salinas Pliego, con la sutilidad de un elefante en cristalería, no se quedó callado y salió a dictar cátedra: «Libertad implica responsabilidad». Claro, lo dice el mismo hombre que en redes sociales lanza adjetivos con la misma delicadeza con la que Elektra cobra intereses moratorios. Pero, dejemos la ironía a un lado y analicemos el fondo del asunto: ¿es válido demandar a periodistas y youtubers por afectar la imagen de un banco con rumores? Técnicamente sí. ¿Es esto un intento de intimidación para que nadie hable de los problemas financieros de sus empresas? También podría ser.
El tema es que Salinas Pliego, además de presentar su demanda, aprovechó para pegarle al sistema judicial, cuestionando si en el futuro todos los jueces responderán a los designios de Morena y si eso ahuyentará la inversión en el país. Según él, el panorama pinta de terror: jueces alineados al partido en el poder, ausencia de justicia imparcial y un desplome de la seguridad jurídica que espantará a los inversionistas más rápido que un cobrador de Elektra a un deudor moroso.
Los datos no mienten: la Inversión Extranjera Directa cayó un 11.9% en 2023, algo que Salinas Pliego atribuye a la falta de certeza jurídica y a la politización del sistema judicial. Pero, ¿qué tanto es culpa del gobierno y qué tanto es una tendencia global? Ahí la cosa no es tan simple. México sigue siendo atractivo para la inversión por su cercanía con EE.UU. y el nearshoring, pero si el Poder Judicial se vuelve un apéndice del gobierno, entonces sí podríamos empezar a preocuparnos.
Y mientras esto ocurre, el Tío Richie ya lanzó su sentencia: «El que difama, paga». Pero si la información sobre Banco Azteca resulta ser cierta, ¿qué pasará entonces? ¿Se demandará a sí mismo? Aquí el único que parece ganar es el ejército de abogados que seguramente está frotándose las manos con los honorarios que esta batalla legal generará.
Al final, el problema no es la defensa de la libertad de expresión ni la responsabilidad en su ejercicio, sino el doble rasero con el que se manejan estos conceptos. Porque si algo nos ha enseñado la política mexicana es que la libertad de expresión siempre es sagrada… hasta que alguien con poder decide que ya no lo es.
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