Por Alberto Jiménez Martínez
El magistrado Ricardo León Caraveo ya no despacha en Jalisco. Fue finalmente adscrito a la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Tabasco, luego de meses de tensiones, parálisis jurisdiccional y conflictos abiertos con prácticamente todos los que integraban la Sala Regional de Occidente. Su salida, aunque esperada por muchos, no ocurrió en silencio: interpuso un amparo para evitar el cambio, el cual fue rechazado de plano por improcedente.
Lo que llama la atención es que, a solo días de su llegada a Tabasco, ya se reportan fricciones con los nuevos magistrados. Y es que, donde se para, hay problema.
Lo mismo sucedió en Guadalajara, primero con la magistrada María Teresa Martínez, luego con georgina Ponce, y después con todos los demás colegas de Sala, incluyendo a varios que, irónicamente, fueron nombrados por el propio presidente López Obrador.
La constante es clara: no trabajar, acumular rezagos, buscar culpables y victimizarse. Caraveo no solo dejó de trabajar en absoluto por más de tres meses; también ignoró instrucciones de tribunales colegiados, amenazó a personal de la Sala, y convirtió el trabajo colegiado en un campo de batalla. Su historial lo ha enfrentado también con la Presidencia del Tribunal, la Junta de Gobierno, el Comité de Género y hasta con el personal administrativo.
Hoy existen investigaciones abiertas, quejas formales, decenas de testimonios de trabajadores, abogados y hasta de magistrados federales que le han requerido cumplir con la ley. Pero él, en lugar de asumir responsabilidades, prefiere declararse perseguido. En Jalisco ya no lo extrañan; en Tabasco, tanpoco lo quieren. Y por lo que se ve… la historia se repite.
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