Por Alejandro Huerta
Nuevamente no hubo sorpresa. Como ya se anticipaba, no habrá revocación de mandato en 2027. Y como también era de esperarse, en el senado no faltó quien saliera a celebrar el hecho como si hubiera ganado una victoria propia.
La oposición se apresuró a colgarse la medalla. Entre aplausos, discursos inflados y gestos de triunfo apareció la frase de ocasión: “Ganó México, se mantuvo la democracia”.
La escena rayaba en lo caricaturesco. Algunos legisladores brincaban de gusto, se felicitaban entre ellos y repetían al unísono “sí se pudo”, como si hubieran logrado una hazaña histórica. Por momentos parecía que lo único que faltaba era que se tomaran de las manos y giraran en círculo como párvulos en kermés.
Los medios tradicionales tampoco se quedaron atrás. Con el entusiasmo de quien encuentra una narrativa conveniente, colocaron en primera plana el llamado “Plan B”, resaltando con marcador fosforescente un solo punto: no habrá revocación de mandato.
Para muchos analistas y comentaristas la conclusión fue inmediata: la alianza oficialista se había roto, la coalición estaba fracturada y el proyecto político del oficialismo comenzaba a resquebrajarse.
Pero la realidad, como suele suceder en política, es bastante menos romántica que el festejo.
Porque mientras algunos celebraban lo que no pasó, sí ocurrieron cosas que pasaron casi desapercibidas. Dentro del llamado Plan B se aprobaron medidas que no son menores: la reducción del presupuesto a congresos locales y el golpe a las llamadas pensiones doradas.
Es decir, mientras el debate mediático se centraba en la revocación de mandato, otras decisiones avanzaban en silencio.
Sin embargo, lo verdaderamente interesante no está en lo que se aprobó ni en lo que se frenó. Está en la razón de fondo: miedo.
Muchos partidos —tanto de oposición como aliados— llegaron a la misma conclusión incómoda: una revocación de mandato con la presidenta en la boleta podía convertirse en un terremoto electoral.
El cálculo fue simple: si la figura presidencial arrastraba votos, podía sepultar a más de uno en las urnas.
Como dice el viejo dicho mexicano: el miedo no anda en burro.
Lo curioso es que ese miedo no se limitó a la oposición. También apareció en partidos que se dicen aliados del proyecto. Y ahí es donde la historia cambia de tono.
Porque cuando los aliados empiezan a tomar decisiones pensando más en salvar su pellejo electoral que en sostener los principios que dicen defender, inevitablemente vuelven a ponerse bajo el escrutinio del ciudadano.
Las encuestas posteriores a la llamada Reforma del “Plan A” ya mostraban señales claras: la simpatía hacia partidos aliados —PT y PVEM— comenzó a caer de manera notable.
No tuvieron miedo de frenar una revocación de mandato que incomodaba sus cálculos políticos.
Pero sí parecen haber perdido el miedo a decepcionar al ciudadano que les dio su voto.
Y ese es un error que en política suele pagarse caro.
Por ahora, la coalición prefiere proyectar hacia afuera una imagen de estabilidad. Se repite que todo sigue en orden, que el bloque continúa unido y que las reformas del proyecto político avanzan.
Y en parte es verdad. Varias reformas constitucionales han sido aprobadas, siendo la más visible mediáticamente la reforma al Poder Judicial.
Pero incluso con esos avances, hay algo que no se puede maquillar fácilmente: la percepción de oportunismo.
Y cuando los partidos comienzan a tomar decisiones no para representar al ciudadano, sino para proteger su propio futuro electoral, la confianza empieza a resquebrajarse.
Tal vez por ahora todo parezca bajo control.
Tal vez la coalición mantenga la apariencia de unidad.
Pero en política, como en la vida, las facturas siempre llegan.
Y cuando lleguen las urnas de 2027, más de uno podría descubrir que el verdadero miedo no estaba en la revocación de mandato… sino en el veredicto del ciudadano.
Para “La Verdad Jalisco” por Alejandro Huerta.
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