Por Alejandro Huerta
Guerra anunciada no mata soldado.
Y como era de esperarse, la iniciativa de reforma electoral no pasó.
Varios medios y analistas opositores se jactan diciendo que fue gracias a los partidos aliados de Morena. Pero la realidad es más amplia y menos cómoda para todos: ningún partido estuvo dispuesto a sacrificarse, ni a renunciar a sus listas ni a reducir sus prerrogativas. Ninguno, sin excepción.
PRI: en su inevitable extinción y sin posibilidad real de levantarse, se escuda detrás de su narrativa de “Ley Maduro”, intentando sobrevivir políticamente.
PAN: por su parte, perdió hace tiempo la brújula de la moralidad. Hoy se engaña a sí mismo con discursos sobre cómo sacar al crimen organizado de la política, olvidando convenientemente su propio pasado.
MC: nadando de muertito. Tirando la piedra y escondiendo la mano. Queriendo vender novedad con la frase: “Nosotros presentamos nuestra propia propuesta”, mientras evita comprometerse de fondo.
PT: ensimismado, disfrazado de demócrata, olvidándose del pueblo al que dice representar. “No aprobaremos nada que vaya en retroceso”, dicen, mientras defienden la cúpula del poder y a su eterno dirigente.
PVEM: quizá el caso más evidente. Borrachos de arrogancia y soberbia, creyendo que ya pueden ganar algo por sí solos. Un partido que nació débil y que, a juzgar por su comportamiento, seguirá siéndolo.
La reforma no cayó solamente por los partidos aliados; también por una oposición que hoy celebra lo que consideran una victoria. Y es comprensible: en sus actuales condiciones, hasta ganar un reintegro sería motivo de fiesta.
Aun así, la historia no termina aquí. Desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya se habla de un “Plan B” que buscaría avanzar mediante modificaciones a leyes secundarias, las cuales requieren únicamente mayoría simple en el Congreso.
La intención es que la iniciativa no quede solo en el gesto político de haber sido presentada, sino en avances concretos hacia cambios que —según el gobierno— reduzcan privilegios en el sistema electoral.
Porque si algo ha quedado claro es que la presidenta no quitará el dedo del renglón.
Y si los aliados deciden caminar o no junto al mandato popular, como se ha dicho muchas veces: cada quien deberá hacerse responsable de sus decisiones.
El verdadero juicio llegará en las elecciones intermedias del 2027. Ahí se medirá qué tanto quería el pueblo una reforma electoral. Porque esa fue otra de las justificaciones para frenar la iniciativa: que el pueblo “no la había pedido”.
Pero en política las facturas siempre llegan.
Y aunque algunos aliados —hoy casi opositores— crean que todos juegan en el mismo tablero, pasan por alto que nuevos actores políticos podrían entrar al campo, alterando el equilibrio actual y cobrando las facturas que hoy se firman.
Porque en este desafortunado episodio no ganó la oposición ni perdió la presidenta.
Los únicos que perdieron fueron los ciudadanos que confiaron en los partidos aliados… y que, lamentablemente, seguirán viendo a personajes impresentables encabezando esas listas.
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