Redacción.- Una presunta operación inmobiliaria irregular colocó en el centro de la polémica a diputados locales del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Jalisco, luego de que una columna periodística los vinculara con la venta fallida de un predio valuado en decenas de millones de pesos.
El señalamiento fue dado a conocer en la columna Gente detrás del dinero, del periodista Mauricio Flores, publicada el lunes 16 de febrero de 2026 en el diario La Razón. En el texto se menciona al dirigente estatal del PT y diputado local José Luis Sánchez González como presunto participante en la negociación de un terreno con un valor aproximado de 75 millones de pesos.
De acuerdo con la publicación, la operación habría sido canalizada a través de la diputada local del PVEM Brenda Carrera quien fungió como enlace para concretar la transacción y gestionar un anticipo de cinco millones de pesos. El conflicto surgió cuando el comprador detectó que el inmueble no estaba a nombre del dirigente petista ni existían facultades legales para disponer del predio.
Según el relato, al exigir la devolución del dinero entregado como anticipo, el empresario afectado recibió como respuesta que los recursos “ya se habían repartido”, presuntamente incluso entre actores políticos del propio PT, entre ellos el diputado local Sergio Martín Castellanos.
La columna advierte que ya existirían denuncias en curso y que, en caso de confirmarse los hechos, el caso podría tener consecuencias legales y políticas de alto impacto, al señalarse el posible uso de las siglas partidistas como vehículo para una operación ilícita.
En el ámbito político también se recuerda que José Luis Sánchez González habría enfrentado señalamientos previos relacionados con presuntas operaciones de compraventa de terrenos en el estado de Nayarit, lo que añade presión al caso.
Por ahora, el empresario afectado cuyo nombre no ha sido revelado habría decidido emprender acciones judiciales y penales contra quien o quienes resulten responsables, mientras el tema genera creciente ruido político en el Congreso del Estado de Jalisco y en las dirigencias de los partidos involucrados.
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