Por Amaury Sánchez G.
En Jalisco tenemos una afición que no aparece en los folletos turísticos: la necromancia política. Aquí no se levantan muertos… se levantan expedientes. Y cada que huele a pólvora electoral, alguien abre el clóset, sopla el polvo y ¡zas!, aparece una carpeta con fecha de 1991, todavía con olor a máquina de escribir.
El pleito ahora es entre el gobernador Pablo Lemus y un opositor que jura —con mano en el pecho y carta de no antecedentes penales en la otra— que todo es una campaña de lodo marca “Ultra Derrapante”. Que si hace 34 años fundó colonias populares, que si enfrentó al viejo régimen, que si jamás fue senador (ni suplente del suplente), que si nunca traficó permisos de taxi, que si hasta un aborto le quieren colgar como si fuera piñata de posada.
Y uno, ciudadano de a pie —que bastante tiene con esquivar baches y pagar el predial— se pregunta: ¿de veras no hay nada mejor que discutir?
Porque el libreto ya lo conocemos. Primer acto: alguien acusa. Segundo acto: el acusado grita “¡persecución política!”. Tercer acto: ambos se llaman corruptos, traidores, fascistas, mercaderes, y demás palabras que antes daban miedo y ahora se usan como confeti. Cuarto acto: nadie presenta pruebas contundentes en horario triple A, pero todos presentan indignación premium.
La cosa tiene su gracia. Las carpetas de hace 34 años son como esas fotos incómodas de la secundaria: ahí están, pero nadie sabe quién las guardó ni para qué. Si hubo delito, ¿por qué no hubo sentencia? Y si no hubo sentencia, ¿por qué el escándalo revive justo cuando conviene? La política mexicana tiene la rara virtud de que los archivos duermen décadas… hasta que despiertan en temporada alta.
El gobernador, por su parte, tampoco es monaguillo de kermés. Gobernar implica cargar la cruz del escrutinio, pero también la tentación del reflector. Y en la guerra de lodo, el que lanza termina salpicado. La pregunta incómoda es si estamos ante un ajuste de cuentas, una cortina de humo o simplemente el deporte local de tirarse el archivo por la cabeza.
Mientras tanto, el ciudadano jalisciense —ese héroe anónimo que madruga, trabaja y paga impuestos— asiste al espectáculo como quien ve lucha libre: sabe que hay golpes, pero también sospecha que hay coreografía. Y cuando escucha frases como “Somos pueblo, somos dignidad”, voltea a ver el recibo de la luz y piensa: “Sí, pero también somos los que pagamos la función”.
Lo verdaderamente preocupante no es si alguien fundó 60 colonias o si alguien usó un coche oficial para ir por las tortillas. Lo preocupante es que el debate público se convierta en concurso de descalificaciones vintage. Jalisco necesita hablar de seguridad, agua, empleo, transporte… no de momias administrativas.
Si hay pruebas, que se muestren. Si hay delito, que se procese. Si hay calumnia, que se denuncie. Y si lo único que hay es teatro, al menos que vendan boletos y nos incluyan las palomitas.
Porque al final, entre fascistas imaginarios y expedientes jurásicos, el riesgo es que la política se vuelva una comedia sin final feliz. Y ya bastante tragicomedia vivimos en el tráfico como para que también el gobierno y la oposición nos hagan remake permanente.
En Jalisco no necesitamos cazafantasmas. Necesitamos adultos.
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