Los pecados de la juventud.

Por: Arq. Jorge Eduardo García

Director de La Verdad Jalisco

El reciente escándalo que envuelve al diputado local Leonardo Almaguer no puede analizarse simplemente como un hecho aislado de criminalidad, sino como el síntoma de una cultura política que durante décadas ha estado profundamente arraigada en las entrañas de las instituciones educativas y gubernamentales de Jalisco. Históricamente, las organizaciones estudiantiles como la extinta Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y la actual Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se convirtieron en el semillero de una clase política que, lejos de formarse únicamente en el debate de ideas, creció bajo el amparo de prácticas que hoy escandalizan pero que en su momento fueron erróneamente normalizadas. En la atmósfera de los años ochenta y noventa, el ejercicio de la política juvenil solía confundirse con el despliegue de fuerza; era una competencia por demostrar quién ostentaba el control del territorio y de las voluntades, donde la línea entre el liderazgo estudiantil y la conducta delictiva se volvía peligrosamente delgada.

Es una realidad incómoda pero innegable que gran parte de los actores que hoy ocupan puestos de poder tienen raíces en esa época donde el activismo se mezclaba con el choque y la transgresión. Para muchos de los protagonistas de esas generaciones, lo que hoy se etiqueta como antecedentes penales o conductas antisociales, en su tiempo no eran más que anécdotas de formación o memorias de una juventud «revolucionaria».

Sin embargo, bajo la premisa de que es antinatural que un joven no busque transformar su realidad, muchos confundieron el ímpetu de la libertad con el desorden del libertinaje. Lo que empezó como una causa social terminó, en repetidas ocasiones, mimetizándose con estructuras que replicaban los mismos vicios que decían combatir.

El caso de Almaguer pone sobre la mesa la urgente necesidad de una autocrítica profunda sobre el origen y la evolución de los cuadros políticos en el estado. Si bien el sistema de justicia permite que alguien que pagó su deuda con la sociedad pueda reintegrarse, la política exige una ética superior que no siempre se encuentra en quienes fueron forjados en el rigor de las viejas prácticas estudiantiles.

Es imperativo que estas dinámicas se transformen de raíz para que la participación juvenil deje de ser un espacio de impunidad y se convierta en una verdadera escuela de servicio. Mientras no se exterminen esas conductas que normalizan la ilegalidad como un rito de iniciación, la política seguirá siendo un terreno donde los fantasmas del pasado terminan por joder a las personas cuando las cuentas quedan pendientes con el gobierno en turno.