Por Alejandro Huerta
Las desgracias y los accidentes, por doloroso que resulte admitirlo, son hechos que siempre estarán a la orden del día. Son eventos fortuitos que no pueden erradicarse por completo, porque nadie —fuera de charlatanes que han existido desde tiempos antiguos— posee el don comprobado de predecir el futuro.
Es cierto: se pueden prever escenarios, reducir riesgos, mejorar protocolos y disminuir probabilidades. Pero nunca llevarlas a cero. Y, aun así, todos quisiéramos que las tragedias no existieran bajo ningún escenario posible.
Desafortunadamente, el año inició con una desgracia ocurrida el pasado 28 de diciembre del 2025: descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un hecho lamentable que cobró catorce vidas y 98 personas heridas. Un suceso que exige respeto, prudencia y, sobre todo, investigaciones serias antes de emitir juicios.
Sin embargo, no es el accidente en sí lo que motiva estas líneas, sino la reacción inmediata de una parte de la derecha mexicana, que lejos de sumar, solidarizarse o aportar algo productivo para mitigar el daño social, actúa en sentido contrario. Se activan las alarmas, inicia la carroña mediática y comienza la búsqueda apresurada de culpables, señalando al gobierno en turno sin pruebas, sin peritajes y sin información técnica confiable.
Porque de ahí en adelante no se puede acusar con base en fotos, videos, audios sacados de contexto o testimonios interesados, menos aún cuando se trata de personajes ya instalados en el escaparate mediático y político.
No es la primera vez que ocurre una tragedia, ni tampoco es la primera ocasión en que ciertos medios, personajes y organizaciones parecen ver en el dolor colectivo un banquete servido. Basta recordar La tragedia de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, en septiembre de 2025, donde de inmediato se intentó culpar al gobierno local por supuestos baches y falta de control en el transporte de este tipo de materiales, cuando el peritaje oficial terminó confirmando que el exceso de velocidad fue la causa del accidente.
Otro ejemplo ocurrió en Veracruz, tras lluvias atípicas que afectaron severamente a varias regiones. Sin información completa, se responsabilizó a la gobernadora por no “predecir” con exactitud la cantidad de lluvia que caería.
Pero quizá uno de los casos más deplorables —por la manera tan burda en que se sembró intriga y desinformación— fue el del Buque Escuela Cuauhtémoc, donde lamentablemente perdieron la vida dos cadetes tras una falla mecánica que derivó en una colisión en el puerto de Brooklyn. A pocas horas del accidente ya circulaban en redes y algunos medios frases como “Disfruten lo votado”, e incluso se insinuaron responsabilidades políticas directas.
Cito textualmente una publicación de una senadora de oposición:
“El Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn. Informan que hay heridos. Mi solidaridad con ellos y sus familias. Lleva recorriendo el mundo 43 años, nunca había chocado y con la 4T choca.”
La afirmación omitía deliberadamente que, al ingresar al puerto, la operación quedó bajo control de un piloto local, como marcan los protocolos internacionales de navegación; omisión que solo puede explicarse por ignorancia en materia marítima o por una voluntad consciente de distorsionar los hechos. En cualquiera de los dos casos, la tragedia fue utilizada como munición política inmediata. No hubo rectificación, no hubo disculpa. Simplemente se dio vuelta a la página,
Lamentablemente, con el descarrilamiento del Tren Interoceánico volvimos a ver el mismo escenario: los mismos actores y el mismo modus operandi. Una estrategia que ya no produce el efecto que la oposición espera. Estos golpeteos no generan reflexión ni corrección; provocan exactamente lo contrario.
Quienes ya repudian a los gobiernos de la Cuarta Transformación confirman su rechazo y profundizan su animadversión. Y, en sentido inverso, los simpatizantes del gobierno no se desprenden de su confianza: la afianzan, mientras crece el repudio hacia una oposición que actúa con irresponsabilidad política.
¿Y las víctimas? ¿Dónde quedan las víctimas en medio de este ruido?
Atenderlas, reparar el daño y garantizar justicia —si hay responsables, sean quienes sean— queda relegado. Se pierde lo sustantivo: la verdadera justicia.
No está mal exigir que se investigue. No está mal pedir justicia. Nunca lo estará.
Lo condenable es la forma en que se pretende castigar a presuntos responsables, como si retrocediéramos siglos y bastara con llevarlos directo a la guillotina para decapitarlos primero y preguntar después.
Señalar a un gobierno como si fuera el único lugar del mundo donde ocurren accidentes es, además de falso, profundamente deshonesto. Incluso en regiones altamente desarrolladas, los sistemas ferroviarios registran fallas y tragedias. No es una competencia de desgracias, sino una evidencia clara de que ningún sistema está exento de riesgos.
Convertir el dolor en arma política no honra a las víctimas ni fortalece las instituciones. Solo degrada el debate público, normaliza el linchamiento anticipado y demuestra que, para algunos, la tragedia no es un llamado a la responsabilidad, sino un botín más en la disputa por el poder.
Y cuando la política se alimenta del dolor ajeno, no solo fracasa como oposición: fracasa como sociedad.
Para “La verdad Jalisco” Por Alejandro Huerta
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