Por Amaury Sánchez G.
“El plan para recuperar agua agrícola puede ser un parteaguas histórico o un costoso paliativo; todo dependerá de medir, publicar, mantener y compensar.”
La República del agua no se gobierna con espejismos. Se gobierna con reglas, con ciencia y con el bisturí fino de la administración pública. Hoy, el Estado promete tecnificar más de doscientas mil hectáreas y rescatar un caudal que, dicho sin hipérbole, podría apagar la sed de nuestras ciudades más urgidas. Bienvenida la ambición: hace décadas que México debía elegir entre el mito del riego a cielo abierto y la responsabilidad de medir cada gota.
Pero no confundamos la obra con el milagro. El agua recuperada no nacerá de discursos ni de fotografías oficiales con planos extendidos sobre la mesa. Surgirá de compuertas que cierran, canales que no filtran, presas que se modernizan y parcelas que riegan lo necesario y no lo que acostumbran. Y, sobre todo, de pactos con el agricultor real —no con el fantasma estadístico—: el que paga energía, apuesta su cosecha y vive entre temporadas de incertidumbre. Sin ese acuerdo social, el “ahorro” será percibido como despojo, y la ingeniería más pulcra zozobrará en la política más prosaica.
Porque conviene recordarlo: el 76% del agua nacional se consume en la agricultura, y el campo no es un convidado menor, es la columna vertebral de nuestra seguridad alimentaria. Si se le pide sacrificar volúmenes de riego, debe ser con instrumentos claros de compensación: tecnificación que aumente productividad, créditos blandos, subsidios energéticos para riego presurizado, acceso a mercados. De otro modo, el Estado transformador se convertirá en un Estado confiscador, y de esa percepción brotan los conflictos que incendian regiones.
Hay además una frontera invisible en cada litro: el Tratado de 1944 con Estados Unidos. Cuando el termómetro sube y las presas bajan, el agua deja de ser recurso y se vuelve poder. Chihuahua lo sabe, Sonora lo ha sufrido, y el Valle de Texas aguarda con lupa cada entrega mexicana. Tecnificar, entonces, no es un lujo tecnológico: es soberanía administrada con inteligencia. Significa demostrar al vecino que cumplimos con la letra del tratado no porque nos dobleguen con amenazas arancelarias, sino porque supimos gobernar con racionalidad nuestra propia escasez.
El programa puede ser histórico, pero sólo si se evita la enfermedad crónica de la obra pública mexicana: contratos que empiezan con cifras modestas y terminan con sobrecostos insultantes; proyectos que inauguran primeras piedras y jamás cortan listones de entrega; infraestructura que se presume en el discurso y se oxida en la realidad. La tecnificación de riego no admite simulación: o se mide el agua recuperada o se trata de un espejismo contable.
De ahí que los cuatro mandamientos sean ineludibles: medir, publicar, mantener y compensar. Medir para conocer el caudal realmente liberado y evitar que los números oficiales se conviertan en propaganda sin sustento. Publicar para que la ciudadanía, los agricultores y los usuarios urbanos sepan en qué etapa va cada distrito, qué volúmenes se han ahorrado y quién se beneficia. Mantener, porque una compuerta abandonada al herrumbre o un canal revestido sin presupuesto de limpieza regresan pronto al estado de ineficiencia original. Y compensar para que el agricultor vea en el cambio una oportunidad de elevar productividad, no un castigo disfrazado de modernización.
Si esos mandamientos se cumplen, México habrá dado un paso serio hacia la construcción de un verdadero Estado de Derecho hídrico, donde cada litro tenga dueño legítimo y destino transparente. Si se incumplen, el programa será apenas otro capítulo en la larga historia de los paliativos: costosos en pesos, efímeros en resultados y ruinosos en confianza pública.
La paradoja del agua es que nunca falta en los discursos, pero escasea en las llaves. Entre el mito del río inagotable y la realidad de las ciudades con tandeo, el gobierno se juega más que un proyecto de obra: se juega la credibilidad en su capacidad de administrar lo común. Si logra que la República del agua sea gobernada con inteligencia, transparencia y justicia, habremos dado un salto histórico. Si no, seguiremos siendo un país de charcos: grandes en promesa, pequeños en cumplimiento.
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