Por Amaury Sánchez G.
Por momentos, la política mexicana se parece a esos viejos teatros donde el telón nunca termina de caer. Cambian los actores, se renueva el libreto, pero el público —los ciudadanos— sigue mirando con la misma sospecha de siempre: ¿quién está moviendo realmente los hilos?
Ahora el escenario vuelve a agitarse. Una nueva reforma electoral promete abaratar la democracia, sacudir a los partidos y modernizar las reglas del juego. En el papel suena razonable. En la política real, las reformas rara vez son inocentes.
Desde las grandes transformaciones que siguieron a la Reforma electoral mexicana de 1996, México construyó un sistema electoral caro, complejo y, sobre todo, profundamente desconfiado. Era necesario. Durante décadas, el poder había aprendido a fabricar mayorías con la misma facilidad con la que se imprimían boletas.
Por eso nacieron instituciones como el Instituto Nacional Electoral, con una misión casi sacerdotal: cuidar que cada voto pesara lo mismo y que ningún gobierno volviera a escribir los resultados antes de que cerraran las casillas.
Pero el tiempo también hace lo suyo. Lo que alguna vez fue garantía de equidad terminó convertido —para muchos ciudadanos— en un sistema excesivamente caro, burocrático y dominado por cúpulas partidistas.
La nueva reforma llega con la promesa de corregir eso.
La primera cirugía es económica: menos dinero para los partidos. El financiamiento público se reduce de manera considerable. En teoría, se trata de responder al hartazgo social frente a partidos que reciben millones mientras los ciudadanos reciben discursos. Nadie en la calle llora por el presupuesto de los partidos. Pero la política tiene una vieja ley no escrita: cuando el dinero público se reduce demasiado, el dinero oscuro suele aparecer por la puerta trasera.
La segunda operación apunta al corazón del sistema legislativo: los diputados plurinominales.
Durante décadas, estos escaños han sido el refugio dorado de dirigentes partidistas, líderes sindicales reciclados, exgobernadores incómodos y operadores políticos que jamás se han ensuciado los zapatos en campaña. La reforma propone que la mitad de esos espacios se asignen a los llamados “mejores perdedores”, candidatos que compitieron en distritos y obtuvieron votaciones altas aunque no ganaran.
La idea, al menos en el discurso, es elegante: premiar el respaldo ciudadano y castigar el dedazo partidista. Si funciona, podría obligar a los políticos a salir a buscar votos en lugar de esperar el salvavidas de la dirigencia.
Pero la tercera modificación tiene una carga política más delicada: desaparecen los senadores plurinominales.
Treinta y dos asientos del Senado dejarían de existir. A primera vista parece una poda saludable. Sin embargo, esos lugares han sido históricamente el espacio donde las minorías políticas logran respirar dentro del Congreso. Sin ellos, los partidos grandes podrían dominar con mayor facilidad la Cámara alta.
En otras palabras: menos pluralidad, más concentración.
La reforma también introduce algo que, en silencio, podría convertirse en uno de sus aportes más relevantes: la regulación de propaganda política generada con inteligencia artificial. En un mundo donde los “deepfakes” pueden fabricar discursos y escándalos en cuestión de minutos, exigir que el contenido manipulado esté claramente etiquetado no es una extravagancia tecnológica, sino una defensa preventiva de la verdad electoral.
Otro punto, todavía más silencioso, toca una herida abierta en la política mexicana: la infiltración del crimen organizado en las campañas. La propuesta permite que autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia compartan información con las autoridades electorales para detectar candidatos financiados por dinero criminal.
Si se aplica con rigor y sin sesgos, podría convertirse en una herramienta decisiva. Si se usa con fines políticos, podría transformarse en un arma peligrosa.
Como casi todo en la política mexicana.
La reforma también abre la puerta a más mecanismos de democracia directa: plebiscitos, referéndums, consultas populares. Sobre el papel suena a un país donde los ciudadanos participan más. En la práctica, dependerá de algo mucho más complejo: que esas consultas no se conviertan en instrumentos de propaganda o legitimación política.
Porque la democracia directa puede ser un puente hacia la participación… o una pasarela hacia el populismo.
Al final, la pregunta inevitable aparece: ¿esta reforma fortalece o debilita la democracia mexicana?
La respuesta, como casi todo en política, no es absoluta.
La reforma tiene virtudes claras: intenta reducir privilegios partidistas, moderniza la regulación digital y busca cerrar la puerta al dinero ilícito. Pero también abre interrogantes sobre el equilibrio del poder legislativo y la representación de las minorías.
Dicho de otra manera: no es una demolición del sistema electoral, pero tampoco una revolución democrática.
Es más bien una cirugía política. Algunas incisiones parecen necesarias. Otras todavía generan dudas. Y como en toda operación delicada, el resultado dependerá menos del bisturí que de las manos que lo utilicen.
La democracia mexicana ha sobrevivido a fraudes, crisis, alternancias y reformas interminables. No es una institución frágil, pero tampoco es indestructible.
Reducir sus costos puede ser sensato.
Reducir sus equilibrios puede ser peligroso.
Porque al final, en política, hay una verdad que rara vez aparece en las iniciativas de ley:
abaratar la democracia es fácil; lo difícil es que siga siendo democracia.
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