Por Carlos Anguiano Zamudio
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La próxima reforma electoral que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promete ser uno de los debates más determinantes para el futuro institucional de México. Bajo la bandera de la austeridad y la democratización, el Ejecutivo plantea una reconfiguración profunda del sistema electoral: reducir el tamaño del Congreso, eliminar la representación proporcional, elegir por voto popular a consejeros del INE y magistrados electorales, y disminuir drásticamente el financiamiento público a los partidos. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y ahorro subyace un dilema más complejo: ¿Puede una democracia sostener su legitimidad reduciendo sus contrapesos?
El precedente inmediato —el llamado “Plan B” de 2023— dejó lecciones claras. Aquella intentona de reforma fue frenada por la Suprema Corte por violaciones al proceso legislativo, pero evidenció una intención persistente: centralizar el control del sistema electoral y debilitar las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE). La nueva propuesta retoma algunos de esos planteamientos, ahora con un envoltorio de legalidad y consulta pública, pero con los mismos riesgos de fondo.
Los defensores de la reforma argumentan que el modelo actual es costoso y burocrático. México destina miles de millones de pesos a procesos electorales cada año, y los partidos reciben recursos públicos incluso en años no electorales. La reducción de 500 a 300 diputados federales y la eliminación de senadores plurinominales, según las encuestas, cuentan con respaldo de más del 70% de la ciudadanía. Es comprensible: el malestar social ante la clase política ha convertido la austeridad en un principio moral.
No obstante, el ahorro no siempre es sinónimo de democracia más sólida. Expertos y organizaciones como la COPARMEX advierten que eliminar la representación proporcional podría derivar en sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios y marginar a las minorías políticas. El pluralismo legislativo —uno de los pilares que permitió la transición democrática de los años noventa— podría verse sustituido por una mayoría cómoda, menos diversa y más alineada al poder central.
Otro punto de alta tensión es la elección popular de las autoridades electorales. La idea suena democrática, pero su aplicación podría ser un error estructural. Los consejeros y magistrados son, por naturaleza, árbitros técnicos, no actores políticos. Convertirlos en candidatos obligados a hacer campaña y buscar votos implicaría politizar la función arbitral. Según los datos de la presentación, más del 35% de los ciudadanos teme que este mecanismo beneficie al partido en el poder, desdibujando la frontera entre competencia electoral y control institucional.
El cronograma oficial plantea seis meses de consulta pública, encabezada por la Comisión Presidencial liderada por Pablo Gómez Álvarez. Aunque este ejercicio participativo es positivo, persiste la duda sobre si las conclusiones reflejarán un consenso nacional o simplemente legitimarán una decisión ya tomada. En un contexto polarizado, la confianza en las instituciones —particularmente en el INE— es el bien más escaso y, paradójicamente, el más necesario.
En el balance, la reforma electoral que se avecina tiene virtudes y sombras. En el plano positivo, podría racionalizar el gasto, simplificar estructuras y fortalecer la rendición de cuentas en partidos y campañas. Sin embargo, sus riesgos no son menores: la recentralización del poder electoral, la politización de los árbitros, la erosión del pluralismo legislativo y la posibilidad de que el ahorro se imponga sobre la certeza.
México necesita una reforma electoral, sí, pero una que profundice la democracia, no que la abarate. Las instituciones electorales no son simples costos administrativos: son el seguro de estabilidad que evita que la competencia por el poder se convierta en conflicto. En un país con una historia marcada por fraudes, desconfianza y autoritarismos reciclados, debilitar al árbitro no es un ahorro, sino una apuesta peligrosa.
La austeridad es un valor cuando se traduce en eficiencia; es una trampa cuando se convierte en pretexto para concentrar poder. La verdadera reforma democrática será aquella que escuche a la sociedad, respete la técnica, preserve la pluralidad y garantice que cada voto siga valiendo lo mismo. En el fondo, no se trata de gastar menos, sino de cuidar más la democracia que tanto costó construir.
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