Emilio Ulloa
La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no es un hecho aislado ni un simple golpe mediático: es la confirmación de que el Estado mexicano, cuando actúa con inteligencia, coordinación y decisión política, puede doblegar incluso a los símbolos más temidos del crimen organizado. El liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representaba no sólo una estructura criminal expansiva, sino una narrativa de poder paralelo que pretendía disputar territorios, voluntades y soberanía. Esa narrativa hoy se fractura.
Durante años se sostuvo que ciertas organizaciones eran intocables, que su capacidad de fuego y su penetración territorial las convertían en un poder fáctico irreversible. La acción del Estado demuestra lo contrario. La estrategia de seguridad del gobierno de la Presidencia de la República —basada en inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades— ha optado por debilitar las estructuras financieras, logísticas y de mando, evitando espectáculos y privilegiando resultados sostenidos. La caída del principal dirigente del CJNG confirma que esa ruta rinde frutos.
Conviene subrayarlo: no se trata de celebrar la violencia ni de reducir la política de seguridad a la lógica del enfrentamiento. Se trata de afirmar el principio elemental de que ninguna organización criminal puede colocarse por encima del Estado mexicano. La detención y muerte del Mencho envía un mensaje claro a las redes delictivas: no hay liderazgo perpetuo, no hay territorio vedado a la autoridad legítima.
Es cierto que la experiencia comparada en México muestra que la captura de un capo puede derivar en reacomodos internos y episodios de violencia coyuntural. El vacío de poder suele abrir disputas sucesorias y tensiones entre facciones. Pero esa realidad no invalida la acción del Estado; al contrario, la vuelve más necesaria. Un liderazgo criminal fuerte y consolidado implica mando vertical, capacidad de expansión y control de mercados ilícitos. Su desarticulación fragmenta, reduce cohesión y facilita intervenciones focalizadas. El desafío no es evitar el golpe, sino administrar con inteligencia el escenario posterior.
Además, el impacto no es sólo nacional. El CJNG se había convertido en un actor central del tráfico internacional de metanfetaminas y fentanilo. Su debilitamiento modifica la ecuación de seguridad en América del Norte y fortalece la posición de México en la cooperación bilateral. Cuando el Estado mexicano actúa con soberanía y eficacia, también redefine la conversación internacional: no como subordinado, sino como socio responsable que asume su parte en la contención de mercados ilícitos trasnacionales.
Reconocer este logro no implica desconocer que la seguridad es un proceso complejo y de largo aliento. La política pública no puede agotarse en operativos; debe acompañarse de reconstrucción del tejido social, oportunidades económicas y presencia institucional en territorios históricamente abandonados. Pero tampoco puede renunciar al ejercicio legítimo de la fuerza cuando ésta es indispensable. La paz no es pasividad; es orden con justicia.
La caída del Mencho simboliza, en última instancia, algo más profundo: la recuperación de la autoridad democrática. En un país donde durante años se normalizó la idea de que el crimen organizado imponía condiciones, este hecho reafirma que el monopolio legítimo de la fuerza pertenece al Estado y que su ejercicio, cuando se orienta a proteger a la población, es un deber constitucional.
Hoy corresponde consolidar lo avanzado. Evitar triunfalismos, fortalecer la inteligencia financiera, blindar instituciones locales y cerrar espacios a la corrupción que alimenta a las estructuras criminales. Pero también corresponde reconocer que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha demostrado eficacia al enfrentar a uno de los liderazgos más poderosos del narcotráfico contemporáneo.
La lección es clara: el Estado mexicano no está condenado a la impotencia. Con dirección política, coordinación y firmeza, puede recuperar territorios, desarticular cúpulas criminales y restituir la confianza ciudadana. La caída del Mencho no es el final del problema, pero sí es una afirmación contundente de que la República no se arrodilla ante ningún poder ilegal.
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