Por Amaury Sánchez G.
Hay propuestas legislativas que nacen de la técnica, otras del cálculo político, y unas más —las más escasas— que brotan de la convicción ética. En estos tiempos de descreimiento cívico y de instituciones desfondadas, vale la pena detenerse en la iniciativa presentada por el diputado Alberto Alfaro García, quien ha propuesto transformar de raíz el proceso de designación del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
Y es que la auditoría pública, cuando se ejerce con integridad, no es sólo un ejercicio contable o un trámite legislativo. Es un acto de justicia distributiva. Es la garantía de que el esfuerzo fiscal del pueblo no sea desviado por manos voraces ni manipulado en beneficio de castas políticas. Es, en suma, un mecanismo fundamental para sostener la dignidad del servicio público.
La propuesta de Alfaro parte de una constatación amarga pero realista: el órgano encargado de vigilar el uso del dinero público se encuentra atrapado entre la simulación y la opacidad. Su función fiscalizadora ha sido doblegada por intereses facciosos, y sus titulares —en demasiados casos— han sido elegidos no por su capacidad técnica ni por su integridad, sino por su lealtad al grupo en turno.
Frente a ello, el diputado no ha optado por la queja fácil ni por el silencio cómodo. Ha optado por legislar, y lo ha hecho atendiendo a cinco principios básicos que colocan a la persona —no al partido— en el centro del proceso: impedir conflictos de interés, exigir transparencia patrimonial, excluir a violentadores y deudores alimentarios, garantizar exámenes técnicos y abrir la participación ciudadana como pilar del procedimiento.
Esta propuesta no sólo es necesaria desde el punto de vista técnico. Es urgente desde el punto de vista moral. Porque lo que está en juego no es un puesto administrativo más, sino la posibilidad de que Jalisco recupere un órgano fiscalizador autónomo, honesto y útil al pueblo.
Ciertamente, una reforma de esta magnitud implicará resistencias. No será fácil derribar el viejo régimen de las cuotas y los cuates, de los pactos en lo oscurito y las lealtades condicionadas. Pero el solo hecho de que desde el Congreso local se alce una voz a favor de la rendición de cuentas verdadera es ya una semilla de esperanza. Y las semillas, cuando encuentran tierra fértil —en este caso, la conciencia ciudadana—, pueden florecer incluso en los suelos más erosionados.
El camino hacia la integridad institucional no se construye con discursos huecos, sino con reformas valientes. Y si la propuesta de Alberto Alfaro se mantiene firme, sin diluirse en concesiones, podría convertirse en una piedra angular para edificar un nuevo trato entre representantes y representados, basado no en el cinismo, sino en la confianza.
Porque a fin de cuentas, como decía Vasconcelos, “la función del gobierno no es otra que hacer posible la moral”. Y en ello, el control del gasto público no es un asunto técnico, sino una exigencia ética que da sentido a todo el aparato del Estado.
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