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Apenas el año pasado, México dio un paso inédito: elegir por voto popular a una parte sustantiva del Poder Judicial de la Federación. La premisa fue clara: democratizar la justicia, acercarla a la ciudadanía y dotarla de mayor legitimidad. Hoy, con los primeros juzgadores ya en funciones, es momento de hacer un corte de caja serio, sin estridencias, pero con rigor.
Lo primero que salta a la vista es que la legitimidad de origen no ha resuelto los problemas estructurales del sistema judicial. El rezago persiste. La saturación de expedientes sigue siendo una constante. La promesa de una justicia pronta y expedita continúa lejana. No se trata de percepciones: la carga de trabajo en juzgados y tribunales no ha disminuido de manera significativa.
A ello se suma un elemento crítico: la experiencia. El modelo previo, con todos sus defectos, construía una carrera judicial que permitía a los futuros jueces formarse desde posiciones básicas —meritorios, notificadores, actuarios, secretarios— hasta alcanzar responsabilidades mayores. Esa curva de aprendizaje no era un trámite burocrático, sino un proceso de profesionalización técnica.
Hoy, en cambio, el acceso por la vía electoral ha abierto la puerta a perfiles que, si bien pueden ser buenos abogados, no necesariamente dominan la práctica jurisdiccional. Y ahí radica una distinción clave: saber derecho no es lo mismo que saber juzgar. La función judicial exige habilidades específicas —criterio procesal, redacción de sentencias, capacidad de ponderación— que solo se adquieren con experiencia y formación continua.
Los efectos ya son visibles. Se han incrementado las impugnaciones. La calidad de algunas resoluciones ha sido cuestionada por litigantes y colegios de abogados. Al interior de los órganos jurisdiccionales se reportan tensiones derivadas de la falta de cohesión entre equipos técnicos y titulares recién llegados. Incluso, en casos extremos, la presión del cargo ha derivado en renuncias de juzgadores electos que no lograron adaptarse a la exigencia del puesto.
Esto no significa que el modelo sea inviable, pero sí que está incompleto. La elección popular, por sí sola, no garantiza un mejor Poder Judicial. Requiere estar acompañada de mecanismos sólidos de evaluación, capacitación y profesionalización. Sin esos contrapesos, el riesgo es evidente: sustituir un sistema imperfecto por otro con nuevas debilidades.
El desafío se vuelve aún mayor de cara al próximo proceso electoral, donde se renovará una cantidad considerable de cargos judiciales —incluidos alrededor de 850 juzgadores a nivel federal— y, en entidades como Jalisco, la totalidad del poder judicial local. La magnitud del proceso obliga a actuar con responsabilidad.
No se trata de restringir derechos ni de cerrar la puerta a la participación. Se trata de establecer filtros técnicos mínimos que garanticen idoneidad. Evaluaciones de conocimiento, acreditación de experiencia, certificaciones profesionales y programas intensivos de capacitación deberían ser condiciones básicas para aspirar a una función que impacta directamente en la vida de las personas.
Paralelamente, es indispensable fortalecer el capital humano dentro de los tribunales. La formación continua, la actualización jurídica y el desarrollo de habilidades procesales deben convertirse en políticas prioritarias, no en esfuerzos aislados. La justicia no se improvisa.
México enfrenta, además, litigios estratégicos complejos —en materia electoral, económica, social— que demandan un Poder Judicial sólido, independiente y técnicamente competente. La legitimidad democrática es valiosa, pero pierde sentido si no se traduce en resoluciones justas, bien fundamentadas y oportunas.
El balance, entonces, no debe ser ideológico, sino práctico. ¿Está funcionando mejor la justicia? ¿Se están resolviendo más rápido los conflictos? ¿Ha mejorado la calidad de las sentencias? Las respuestas, hasta ahora, obligan a la cautela.
La oportunidad sigue abierta. El siguiente proceso electoral puede corregir deficiencias y consolidar un modelo más robusto. Pero eso exige decisiones claras desde ahora: diseñar filtros adecuados, invertir en formación y asumir que la justicia requiere tanto legitimidad como capacidad.
Porque al final, más allá de debates políticos, lo que está en juego es algo fundamental: la confianza ciudadana en la ley. Y esa confianza no se decreta; se construye con resultados.
El llamado es directo: mejorar el sistema antes de ampliarlo. La ciudadanía merece una justicia que no solo sea elegida, sino que funcione.
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